Ya es un clásico: días antes de un acto electoral, en Ñuls se embarró la cancha. Como ocurrió en los últimos tres frustrados comicios, ahora quien viró repentinamente su rol no fue la Justicia, sino Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), que rectificó la resolución 1096 del propio organismo provincial, que eximía de pago de cuota alguna para votar. Gustavo Risso Patrón dejó firme ayer la nueva disposición, que impone el saldo de cuatro meses para sufragar el domingo, medida que deja viva las aspiraciones de Eduardo López, quien pugna por un comicio con la participación de no más de 1500 socios para sostener sus pretensiones reeleccionarias. "De esto se tiene que hacer cargo el gobernador Hermes Binner. Fallan una cosa y después hacen otra", enfatizó Guillermo Lorente, candidato a presidente por el Movimiento Leproso Social y Popular (Mole).

En la edición del pasado 14 de noviembre, Rosario/12 daba cuenta de la resolución de Pablo Clement, por entonces a cargo de IGPJ, que habilitaba el voto de los 25 mil socios, en respuesta a la declaración de rebeldía en la que incurrió Eduardo López por desacatar el cobro de las tres cuotas ordenadas, oportunamente, por el juez Civil y Comercial Nº 5 Iván Kvasina. "Se resuelve admitir el ejercicio del derecho al sufragio (...) a los asociados de categoría fútbol sin necesidad de acreditar la cancelación de cuotas", disponía la resolución 1096 del 12 de noviembre.

De esta manera la coartada de López terminaba por desvanecerse, puesto que con un padrón abierto sus chances electorales se reducen considerablemente. Por eso el mandamás leproso primero apostó a no oficializar la lista opositora, pero en la resolución 1164 del viernes pasado, Risso Patrón, sustituto en IGPJ del renunciante Clement, el funcionario desplazó a los miembros de la Junta Electoral, aunque rectificó la orden de Clement, exigiendo el abono de cuatro meses para votar. El mismo viernes, un alto funcionario de la provincia reconoció a este diario que "el tema de las cuotas se iba a aclarar con el decreto de Kvasina", que había ordenado acatar la resolución de Clement.

Pero algo pasó durante el fin de semana largo. Porque como sucedió en el 2004, donde repentinamente el juez Eduardo Oroño se abrió del expediente leproso para dejar a los socios sin elecciones, ahora es IGPJ la que se contradice una semana antes de sacar las urnas, disposición que pone dificultades, al menos económicas, para que los socios sufraguen. Es que el club, que hasta el lunes no aceptó emitir recibo de cuotas, ahora debería prepararse recibir a 25 mil socios en cinco días. La última palabra la tendrá Jorge Barraguirre, titular de Fiscalía de Estado, que podría corregir la sorpresiva contracción de IGPJ. "Está en manos del gobernador Binner que en Ñuls voten los socios", subrayó Lorente anoche.