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Repudio

La semana pasada fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley Antiterrorista. Su promulgación se ha dado el 28 de diciembre. Presentada como proyecto por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de octubre pasado, y promovida a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta ley, bajo la excusa de combatir lo que ellos llaman terrorismo internacional, abre peligrosamente las puertas a la profundización de la criminalización de la protesta social por parte del Estado.

La norma sancionada recientemente incorpora al Código Penal un nuevo agravante para "cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión". En estos casos se elevará la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.

El empleo de conceptos tan difusos como los señalados, es precisamente el que habilita a reforzar la capacidad estatal de reprimir las protestas de los trabajadores, ya sea que participemos de una huelga, una movilización, un corte de ruta, una ocupación pacífica de nuestros puestos de trabajo o espacios públicos o nos resistamos a medidas que atenten contra nuestros intereses.

La sanción de esta ley no es un hecho casual. Tiene como antecedente en nuestro país la Ley Antiterrorista del año 2007, la existencia de cuatro mil luchadores sociales procesados y cinco encarcelados y las feroces represiones que se desataron a lo largo del país durante estos últimos años, con compañeros heridos y asesinados, como Mariano Ferreyra en la Capital, los Qom en Formosa y los que se movilizaron en reclamo de viviendas en el Parque Indoamericano y en Libertador General San Martín (Ingenio Ledesma de Jujuy). Pero también se enmarca en un contexto mundial. La aplicación de legislaciones "antiterroristas" en el resto del continente con el fin de legitimar la persecución y la cárcel a quienes se resisten a las políticas de explotación y saqueo, es un hecho que se viene dando desde hace varios años. Una legislación similar se está aplicando en Chile, y es la que mantiene en prisión desde hace varios años a integrantes de la comunidad mapuche que defienden su derecho a la tierra.

Repudiamos la sanción de esta ley antipopular impulsada por el Poder Ejecutivo y votada por los legisladores que responden a su signo político, y llamamos al amplio arco de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas a movilizarnos masivamente en contra de la misma.

Daniel Cousello

Amsafé Rosario