"Después de las explicaciones que nos dio el rector (Darío) Maiorana nos queda claro que lo que hizo con (Jorge Walter) Pérez Blanco fue un acuerdo extrajudicial con el argumento que la universidad se ahorraba plata: quiere pagar 30 mil pesos contra 200 mil, según nos dijo". Este es el relato de Guillermo Grigioni, consejero superior del ALDE, a Rosario/12 luego de la reunión que ayer tuvo con el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Según el dirigente estudiantil el responsable de la UNR argumentó que "Pérez Blanco por su parte presentó la renuncia al cargo, con lo cual la universidad evitaba un juicio laboral por un monto importante que podía perder".

Grigioni recordó que "Maiorana dijo que había un fallo de la Corte Suprema que lo obligaba al acuerdo cuando en realidad hubo un acuerdo extrajudicial donde es el propio Pérez Blanco el que propone que en lugar de reincorporarse a su cargo le paguen 30 mil pesos, con lo cual se le reconocen los diez años en que estuvo suspendido por el juicio académico con lo cual se podía jubilar. Contra todo esto él presentaba su renuncia, y no resultaba expulsado como era la voluntad del Consejo Superior cuando se inició en el año 1998 el juicio académico".

El dirigente estudiantil reconoció también que el propio rector "se comprometió a aceptar que el Consejo Superior investigue todas las actuaciones en este proceso desde que comenzó el juicio hasta la aceptación de su renuncia".

Cabe recordar que el último viernes organismos de Derechos Humanos, organizaciones estudiantiles, consejeros directivos, docentes y autoridades de las facultades, entregaron un petitorio para solicitar una reunión con el Rector para pedirle explicaciones por el pago de una indemnización de 30 mil pesos al represor Jorge Pérez Blanco.

Hasta ayer ninguna autoridad de la UNR entregó el expediente del caso y las actuaciones ante la Justicia sobre el caso del represor a los Consejeros Superiores, ni despejaron el manto de dudas que se generó alrededor de la Resolución del Rector Maiorana Nº 3275/2007, del 1º de octubre, por la cual dispone el pago de 30.000 pesos a un represor de la dictadura que actuaba como servicio de inteligencia en la Facultad de Ciencias Médicas.

En este sentido Lisandro Citta -presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades- criticó "la desinformación total que hubo con respecto a un caso de tanta gravedad. Todavía no está publicado el fallo del que tanto hablan. Y por supuesto, repudiamos el hecho de que se le paguen 30 mil pesos".

El dirigente estudiantil señaló finalmente que "a partir de una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas del martes pasado, por unanimidad pidieron que se trabe esa resolución del Rector que sacó por sí solo, que se abra una investigación de cómo está el caso, que haga público este hecho, y a partir de ahí que llame a una reunión del Consejo Superior que es donde se tiene que discutir, por como funciona la Universidad, los pasos a seguir en este tema".