Los planes de urbanización para Nuevo Alberdi que el Ejecutivo municipal envió al Concejo salieron airosos ayer, en la última sesión con la que se cerró el año en el Palacio Vassallo. Fue el desenlace de una larga pelea que protagonizó la ONG Giros contra el criterio de urbanización de la intendenta Mónica Fein, que esa organización tildó de "un proyecto privatista", y que los ediles socialistas defendieron como "el modo en el que Rosario creció de manera planificada e integral". La otra ordenanza sancionada fue el encarecimiento de las multas para las infracciones de tránsito.

La sesión estuvo dominada por la retórica sobre la urbanización de las polémicas 380 hectáreas del extremo noroeste de la ciudad. La tribuna fue ocupada por algunos propietarios de terrenos y allegados a los grupos de inversión que han sido acusados de hacer especulación inmobiliaria a costa de la valorización de esas tierras a partir de obras públicas contra su inundabilidad. Los militantes de Giros no asistieron, tal como lo anticiparon en una dura carta dirigida a la intendenta Mónica Fein y que ayer leyó el concejal Alberto Cortés (PSA-Proyecto Sur).

El oficialismo había comenzado con el pie derecho al lograr el voto unánime para un proyecto de un sector del bloque socialista (Miguel Zamarini, Pablo Colono y los ex ediles Mariana Alonso, Edgardo Falcon y Orlando Debiasi) que declara "de interés urbanístico y social" la zona comprendida por calles Baigorria, Grandoli, Bouchard y canal Ibarlucea. La voz cantante del PS en esta materia, Viviana Foresi, destacó que la iniciativa reserva tierras para viviendas sociales y desarrollo de los emprendimientos productivos que significan el sustento de los pobladores actuales. Y remarcó la decisión de imponerle a los inversores privados una compensación económica para que costeen obras de infraestructura para esa futura prolongación de la ciudad. "Se trata de hacer un sector donde puedan vivir distintas clases sociales, integradas en un mismo lugar", valoró la socialista.

Cortés anunció su voto favorable al proyecto en virtud de "los jirones que quedaron de las propuestas originales de Alonso, con sentido social y democrática como el criterio de decidir la forma de urbanizar en audiencia pública".

La kirchnerista Norma López objetó que la ofensiva oficialista no previera plan de detalles sobre las urbanizaciones por venir, pero igual expresó el apoyo de su bloque al proyecto. Por las mismas razones, el justicialista Osvaldo Miatello lanzó que la ordenanza "está dirigida a medida del interés de los inversores privados", pero igual levantó la mano "porque es la única que zona en la que se contempla el trabajo de las organizaciones sociales".

Acto seguido se discutió el plan "Parque Habitacional Bouchard". "Es la respuesta a todos los dueños de pequeños terrenos y grandes" --dijo Foresi-- que conviven en 380 hectáreas delimitadas por las calles Alvarez Condarco, Salvat, Milicianos Rosarinos y el canal Ibarlucea. Foresi aclaró que la norma es "una ordenanza básica que se completará con los planes de detalle a medida que se presenten las cinco unidades de gestión en las que se subdivide el área. No hay razones para no votar esta ordenanza", invitó la concejala.

Cortés había denunciado que el proyecto se hizo "para beneficiar la especulación inmobiliaria" detrás de la cual mencionó a Cimar Agropecuaria y Aldea como partes de un grupo que "posee el 53% de la superficie".

Diego Giuliano anticipó su voto negativo en oposición al modo histórico de las gestiones socialistas de "urbanizar por convenios con privados y sin regulación, sólo por la rentabilidad". Héctor Cavallero también se opuso porque "el Ejecutivo se sienta a puertas cerradas con una inmobiliaria a pactar condiciones, el Estado debe regular, no favorecer la especulación". No obstante su negativa, valoró que la iniciativa oficial incluya para esa zona el desarrollo de un parque industrial no contaminante, con rubros como el software y el hardware.

El radical Jorge Boasso también cuestionó la modalidad de urbanizar a partir de propuestas privadas. Llegó a decir que "la Municipalidad es el principal estudio de arquitectura de Rosario", y al alertar sobre riesgos de corrupción, terminó citando un ejemplo de Marbella. No obstante, votó a favor, como su compañera María Eugenia Schmuck, Daniela León, Gonzalo del Cerro, Aldo Poy y los tres del PRO, Laura Bertotto, Roy López Molina y María Julia Bonifacio, además de los socialistas. Norma López se abstuvo en esta votación.

Cortés había cuestionado que la ordenanza imponga a los desarrolladores devolver en obras "sólo el 10% del excedente" que resultará de la valoración de esas tierras cuando se recalifiquen. "El privado se quedará con el 90% de esa plusvalía", analizó. Y Foresi contestó que además de esa compensación, deberán ceder 20% de superficie para espacios públicos, calles y pagar la infraestructura de la zona.

El socialista Manuel Sciutto, por su parte, analizó que "hoy parece natural hablar de plusvalía inmobiliaria, pero veníamos de una ciudad en la que se loteaba sin exigir a los privados servicios instalados ni ninguna contraprestación para bien público. Hoy no votamos un convenio, sino un marco para que después vengan los convenios, y allí veremos si los aprobamos o no".

La tercera urbanización fue "Palos Verdes". La norma fija indicadores urbanísticos, obligaciones de los emprendedores privados y plazos. A la hora de los votos, Cortés se abstuvo, y Cavallero, Fernanda Gigliani, López, Giuliano y Miatello se opusieron.

También se aprobó por unanimidad un endurecimiento del Código de Faltas y de Tránsito que, en resumen, duplicó la multa para conductores alcoholizados (600 a 1.940 pesos), triplicó la sanción para quienes no respeten semáforos, multiplicó por doce la que le quepa al motociclista que circule sin casco (hasta $1.500), y por correr picadas habrá multas de hasta 3.400 pesos.