La Comisión de Presupuesto de la Diputados aprobó ayer con seis votos sobre nueve presentes, el proyecto de pensión para ex presos políticos durante la última dictadura, que había presentado en su momento el diputado Gerardo Rico. "Ahora solo falta la comisión de Constitucionales para poder bajarla al recinto en la sesión del 2 de agosto", reveló el diputado Avelino Lago (PJ), convertido ayer en fogonero de la norma en esta comisión y en Derechos y Garantías.

Votaron por la positiva la presidenta de Presupuesto Marcela Eberhard, así como Pablo Di Bert, Erika Gonnet, Ricardo Olivera, y el propio Lago del PJ y Alejandra Vucasovich del PRO. Estuvieron ausentes Rosario Cristiani (PJ) y Federico Angelini (PRO). No lo firmaron Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro (UCR) ni Joaquín Blanco (PS).

Según Eberhard "el proyecto aprobado beneficia a quienes hayan estado detenidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, en prisiones legales o clandestinas".

El dictamen votado "adhiere casi por completo al dictamen de mayoría que salió de Derechos y Garantías, al que solo le hemos incluido una propuesta que fija que en caso de existiera alguna especie de duda en el otorgamiento, será la Secretaría de Derechos Humanos la que revuela con un dictamen vinculante".

"Este es un mecanismo de resguardo para que estas pensiones contributivas les lleguen a quienes la necesitan", remarcó la legisladora, repitiendo el argumento de cuidado de los fondos estatales, que esgrimiera en la discusión de la norma.

Según la presidenta de Presupuesto "la autoridad de aplicación le corresponde a la ley 5.110, y el derecho para obtener el beneficio en caso de existir dudas sobre alguno de los peticionantes, va a ser un trámite ante la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, que va a hacer un dictamen vinculante".

"El marco de intervención -dijo Eberhard- será después del chequeo de los requisitos ya que el beneficiario deberá acreditar domicilio en territorio santafesino ante el juzgado federal con competencia electoral, y no podrán superponerla con beneficios nacionales o municipales".

Además aclaró que "el monto será la de dos pensiones mínimas, lo que significa 4.090 pesos mensuales, de los que se descontará el costo de la obra social IAPOS".

Sin embargo el diputado Lago relativizó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, con un párrafo mas que claro que quedó incluido en la norma. "El proyecto establece una serie de requisitos para el acceso al beneficio: en uno de los incisos dice certificaciones de los organismos, acreditación del tiempo de detención y del domicilio en territorio provincial a través de un juzgado con competencia electoral. Y recién en caso de duda se estará a la interpretación más favorable al solicitante". "Ningún ex preso va a quedarse sin sus pensión por este trámite, que quede claro", remarcó el legislador.

Por otro lado, en el recinto de la Cámara tuvo media sanción el Proyecto de Ley que establece una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para madres, cuyos hijos/hijas se encuentren muertos/muertas o en situación de desaparición forzada víctimas del terrorismo de Estado, autoría de Gerardo Rico.