Niñas, niños y adolescentes pobres, enfermos, dolientes tienen que ser cuidados y protegidos pero no por eso encerrados ni distanciados de sus familias con la invocación de que no hay otra cosa por hacer. La protección integral de sus derechos y la adecuación de las políticas municipales en consonancia con la nueva legislación nacional en la materia -se trata de la que reemplazó a la derogada Ley del Patronato de la Infancia-, se discute en un espacio del Concejo Municipal al que asisten representantes de la sociedad civil y a partir de un proyecto de ordenanza del concejal Nire Roldán (ARI). La propuesta considera que el municipio de Rosario cuenta con "programas y planes correctos pero todavía insuficientes" si se quiere trabajar sobre una política pública planificada, que cumpla con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se sostenga en el tiempo más allá de las voluntades de cada gestión y que apunte a poner fin, en territorio rosarino, a las concepciones y acciones que llevan a la Justicia de menores los casos sociales o asistenciales.

Así, se propone la creación de un ente estatal municipal, de servicios locales de promoción y protección de los chicos apoyados en la descentralización y también la adecuación de los recursos a través de un porcentaje del Presupuesto General de la Municipalidad, que nunca se emplee en otro tema, y con independencia de lo que destine el estado provincial y nacional. También se apunta a articular políticas para que ante cada hecho que vulnere el derecho de los chicos no se abra una discusión acerca de quién es competente para actuar.

El proyecto que presentó Roldán define el objetivo de adecuar la normativa municipal a lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) y a la reciente ley nacional que derogó el instituto del Patronato. Roldán convocó a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñas, niños y adolescentes y a quienes desde el terreno legal tienen relación con el tema para discutir la propuesta, ya que se piensa en la formación de un organismo estatal municipal con la participación de la comunidad que articule el diseño y ejecución de las políticas públicas destinadas a la promoción y protección de los derechos de los chicos. La abogada Silvia Crescente quien trabajó en el proyecto junto a Roldán explica que de convertirse en ordenanza, el proyecto puede aportar un marco conceptual e instrumental para que las políticas públicas en el ámbito local se realicen de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño.

El edil arista reconoce que en el ámbito de la acción de la Municipalidad de Rosario hay "muchos trabajos y programas que son correctos" pero insiste en que es imprescindible articular todas las políticas y acciones con lo que dice la CDN. El ejemplo más "visible" que el concejal del ARI invoca es el de la presencia recurrente de chicos en situación de calle "donde todos los derechos están vulnerado y sin embargo los problemas de competencias, en cuanto a qué jurisdicción debe intervenir -se refiere a la Municipalidad o a la provincia- siguen sin resolverse".

"Vemos un chico en la calle, durmiendo, tirado, en situaciones diversas de peligro y nadie sabe qué hacer" comenta. En este como en todos los aspectos que tienen que ver con la protección de los derechos el proyecto de ordenanza se ubica en el lugar opuesto a las concepciones incluidas en la vieja Ley de Patronato y por la que los jueces de menores tenían atribuciones ilimitadas para decidir la internación de niñas y niños con fines asistenciales. La nueva ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes aprobada el 29 de septiembre pasado por el Congreso nacional debe reglamentarse y el Estado disponer de fondos y recursos humanos para un cambio de fondo. De lo que se trata es de no incluir en el circuito de la Justicia del menor a los temas de índole social o asistencial que en el país afecta a un número fuertísimo: entre 10 mil y 15 mil chicos institucionalizados en lo que se conoce como una de las formas de judicializar la pobreza. El proyecto, entonces, habla de poner a tono la política municipal en el área de la niñez, no porque no se haga sino porque la idea es que hay que hacer mucho más y con la concepción de la protección integral de la infancia.

Entre los puntos salientes del proyecto, además de la creación del organismo estatal municipal, está el de la utilización de la estructura descentralizada de la Municipalidad de Rosario a partir de la creación de los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que deberán contar con un equipo técnico-profesional con especialización en el tema. Esos servicios estarán integrados como mínimo por un profesional de la psicología, otro de la abogacía, uno del campo del trabajo social y dos que sean promotores comunitarios propuestos por las organizaciones de la sociedad civil. También se establece que la selección de los aspirantes se deberá hacer por concurso, y esos aspirantes contar con un mínimo de tres años en la tarea profesional y una experiencia en el trabajo con familias y niños. Los servicios deberán estar en cada unidad de distrito municipal y brindar atención durante todo el día.