La imagen de la temible y maldita policía sigue presente. En este caso para querellantes y testigos en las causas por las que la Justicia investiga las violaciones a los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad. La desaparición desde el 18 de septiembre pasado de Jorge Julio López, uno de los testigos clave para la condena a reclusión perpetua del represor Miguel Etchecolatz y luego la desaparición-tortura y aparición del militante kirchnerista Luis Gerez en Escobar estremecieron, revolvieron heridas, renovaron miedos. Los represores procesados y encarcelados y aquéllos que aún están libres no quieren que se cierre el círculo, que las condenas se hagan efectivas, que la impunidad pueda tener un final. Atacan, amedrentan, muestran las garras y dejan las marcas de bestias, quieren evitar que se los arrincone. Los miedos son reales y cuatro querellantes y testigos no los niegan, por el contrario los corporizan y muestran como propios. También la decisión de seguir adelante que de inmediato hace posicionarse frente al pedido del presidente Néstor Kirchner en cuanto a que acepten custodias o las medidas de protección que puedan instrumentarse.

Graciela Roselló, dirigente de la seccional Rosario de la Asociación Bancaria y testigo en la causa en la que se investiga la desaparición de la militante de las Ligas Agrarias Alicia López, en Santa Fe; Elida Luna, integrante de la organización Familiares de Detenidos por Razones Políticas y Gremiales, querellante y testigo en la causa Feced por la desaparición de su compañero Daniel Gorosito, militante del PRT-ERP; Liliana Gómez, docente universitaria y también querellante y testigo en el tremendo expediente Feced, con relación a la muerte de Ruth González y el actual integrante de la bancada socialista en el Concejo Municipal, el militante social y barrial Juan Rivero señalan la responsabilidad del gobierno en la seguridad de toda la sociedad pero en particular de quienes son parte o están ligados a las causas por violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo la desconfianza hacia la custodia o el cuidado policial es enérgico en tres de ellos, Roselló, Luna y Rivero -una situación que entiende el propio subsecretario de Derechos Humanos de la provincia Alfredo Vivono (ver aparte)- que además marcan el especial resquemor hacia la policía santafesina y hacia la propia historias de algunos funcionarios que están en cargos públicos.

Tampoco ven en métodos que recurren a nuevas tecnologías -como el botón de pánico a través de los teléfonos celulares- una medida aceptable. Hablan con preferencia de la prevención y de la desarticulación total del aparato represivo que todavía no se logró. Gómez insiste en la responsabilidad del gobierno que deberá buscar la forma más adecuada para garantizar la seguridad y duda de la capacidad operativa para proteger a tantos querellantes y testigos, más de 450 en la provincia de Santa Fe. Los cuatro y también Vivono saben que no todas las opiniones son coincidentes y que habrá quienes acepten la protección ofrecida, pero los cinco convergen en que la aceleración y multiplicación de los juicios, la unificación de las causas para que no deban transitar varias veces por los estrados judiciales y el destino de la cárcel común para los represores-homicidas colaborará a la mayor conciencia y respaldo social hacia quienes contarán lo que saben, lo que vivieron y sintieron frente a los personeros de la muerte.

También por eso el jueves pasado Roselló, Luna, Gómez y Rivero participaron de la reunión de la Multisectorial Rosario que organiza la marcha que se hará el próximo jueves cuando se cumplan los 4 meses de la desaparición de Jorge Julio López. Ese día, en el Concejo Municipal, también se plantearon entrevistas con la CGT de la ciudad que conduce el municipal Néstor Ferrazza para que esa central se sume orgánicamente a la marcha y recordaron que el mayor porcentaje de quienes fueron secuestrados, muertos y desaparecidos correspondió a los trabajadores y que López y Gerez habían sido obreros de la construcción. Además se gestiona una reunión con el intendente Miguel Lifschitz para pedir que la Municipalidad de Rosario adhiera a la marcha con representación institucional y se comprometa en la difusión e invitación para que los vecinos de Rosario pidan en conjunto por la aparición con vida de López y por el fin de la impunidad.

Graciela Roselló

Graciela Roselló es testigo en la investigación que lleva adelante la fiscal Griselda Tessio por la desaparición de la militante de las Ligas Agrarias Alicia López. Estuvo detenida a partir del 11 de octubre de 1976 en la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe cuando militaba en la Juventud Comunista, pero la llevaron a declarar a la comisaría 4ª. La policía y carcelera María Eva Aevis y otra mujer a la que recuerda como 'La Choca' la escoltaban. Las dos figuras de custodia todavía aparecen, mezcladas en esos sueños que la tironean de tanto en tanto, hacia la inquietud. Sobre todo cuando algo revuelve muy fuerte los recuerdos, tal el secuestro de Julio López. Conoció a Alicia justo en la 4ª, fue el primer rostro que vio por la mirilla de la celda asignada. "Tenía una voz clara y más o menos mi edad -21 en ese momento-, era morocha y de ojos oscuros. Docente y apenas la vi me dijo donde estábamos. Yo tenía mucho miedo porque iba al interrogatorio y ella fue quien me sostuvo cuando sentía que la muerte me rozaba". Alicia López era diabética e insulinodependiente y en las charlas del encierro contó a Roselló que estaba preocupada porque ya había tenido varios desmayos y no la atendían. "A más de 30 años de ese día quiero saber qué pasó con ella cuando era comisario Mario Fascino" -luego intendente de Rincón- y que los culpables de que hoy no pueda abrazarla y agradecerle lo que me dio paguen con la cárcel". Para esta mujer que hoy es dirigente de la seccional Rosario de la Asociación Bancaria y también secretaria gremial de la CTA Rosario la seguridad de los testigos y querellantes es responsabilidad del Estado. "Pero a mí me costaría aceptar la custodia policial o un chip en el celular -dice-, en tanto fue esta policía provincial y el gobierno de (Jorge) Obeid el que baleó a los trabajadores bancarios en marzo de 1996 y fue esta misma policía la del trágico diciembre de 2001".

Graciela Roselló se estremeció como tantos con el secuestro de Jorge Julio López y la voz se le quebraba en aquellos días. Puede hablar del miedo y de que cree que la mejor defensa para testigos y querellantes será que se aceleren y multipliquen los juicios "para que lo más rápido posible todos los culpables estén en prisión. Yo no pienso retroceder a pesar del miedo que siento, en primer lugar porque se lo debo a Alicia, por esos momentos en que nos mirábamos y charlábamos a través de los barrotes de las celdas. También se los debo a mis hijos que merecen vivir en una sociedad donde los derechos y libertades estén garantizadas".

Elida Luna

Elida Luna tiene los ojos vidriosos cuando empieza a hablar. Es querellante y testigo en la causa Feced porque a su compañero y padre de sus hijos, Daniel Gorosito, se lo llevaron tres policías de la Federal un 18 de enero de 1976 cuando tenía 23 años y era dirigente del PRT﷓ERP. El lugar, el Hospital Provincial de Rosario. Todo ocurrió cuando Elida iba a controlarse por el embarazo de su segundo hijo, José, que nació un poco después, en julio. 'La Peti' Luna, así se la conoce, también tiene miedo pero dice que ahora puede con ese sentimiento que describe como físico. Y está claro cuando lo explica: después de los miedos que sintió esto es otra cosa. Tuvo terror de que la secuestraran, de que además de arrancarle a Daniel le pasara algo a su hija Paula que tenía menos de 3 años. "Era como estar en carne viva, todo dolía", expresa y se toca los brazos. Ahora es abuela y cree que su aporte ayudará a que se conozca como actuó el terrorismo de Estado y a que la sociedad asuma lo que pasó. "Uno de los dolores más grandes fue escuchar cómo parte de la sociedad se refería a los desaparecidos y a sus familiares con eso de 'estará en Europa', 'se habrá ido con otra mujer".

-¿Quiénes serán los perjudicados con su acción como querellante y testigo?-, preguntó Rosario/12.

-Toda la patota de (Agustín) Feced que actuaba dentro del Servicio de Informaciones de la policía provincial. Lofiego, Marcote, tantos.

-¿Qué sintió con el secuestro y desaparición de Jorge Julio López y después con el de Luis Gerez?

-Mucha impotencia. Sentí que retrocedíamos y que todavía lo hacemos. Lo de López y Gerez demuestra que la impunidad sigue y que todavía, después de 30 años, no pudieron desarmar a las patotas.

Elida Luna dice que son los distintos niveles del gobierno, nacional, provincial y municipal "los que tienen obligación de brindarnos seguridad. El tema es hasta qué grado uno tiene confianza", se pregunta. Luna, integrante de la organización Familiares de Detenidos﷓Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales explica que le parecen bien las instrucciones y líneas de trabajo presidenciales en cuanto a la protección de querellantes y testigos pero a la vez marca que en la provincia de Santa Fe no tiene "ningún tipo de expectativas. Por un lado dan estas órdenes de proteger a testigos y querellantes pero por otro lado no encuentran a López ¿Hasta qué punto se puede creer que lo van a llevar adelante? La seguridad no es algo abstracto. Personalmente no aceptaría custodia pero con eso no quito responsabilidad de parte de los gobernantes. La falta de confianza se basa en que existe impunidad y que a tantos años no se consiguió desmantelar el aparato represivo".

Liliana Gómez

Para Liliana Gómez, también testigo y querellante en la causa Feced -en particular en la investigación por la muerte de la militante Ruth González, uno de los asesinatos que se le imputan a "El Ciego" Lofiego- la prueba testimonial es tan importante "porque se borraban o no se dejaban rastros. De ahí que aparezcan las persecuciones y que ya se produjeran dos desapariciones, la de J.J. López, casi al momento de la condena del ex comisario Etchecolatz y después la de Gerez".

Gómez que militaba en la JUP estuvo detenida cuando tenía 21 años en el Servicio de Información de la Policía, en San Lorenzo y Dorrego, a partir del 9 de julio de 1976. Después pasó a la Alcaidía de la Jefatura. Ella dice que el temor mayor "es hoy por nuestros hijos. Ahora somos responsables ante alguien más".

A esta doctora en física, docente de la UNR le cuesta un poco hablar. Busca las palabras y cuando encuentra su ritmo enseguida condena la estigmatización que supone la duda en cuanto a si Gerez estuvo tantas o cuantas horas detenido, en quienes dimensionan y califican a veces despectivamente la gravedad de las torturas que sufrió. "Estoy segura que ninguno de los que pasamos por esas situaciones dudaría que fue torturado, de su desaparición. Cuando empiezo a escuchar las dudas recuerdo el 'algo habrá hecho' y ése que 'algo hizo' está testimoniando frente a quien fue su torturador y la sociedad de alguna forma todavía pone en tela de juicio sus palabras ¿Qué sentí con lo de Julio López? Insisto en que me produjo mucha bronca escuchar la duda de una parte de la sociedad. Hace 30 años elegimos recorrer un camino de militancia, de compromiso y hoy tenemos la obligación de sentarnos a contar todo lo que podamos, todo lo que recordemos".

"No conozco la ley de protección a los testigos. A mí nadie me llamó tadavía ni me ofreció nada pero creo que de la forma en que el Estado lo crea más conveniente me tiene que proteger. Si pasa por un chip o botón de pánico o por el patrullero en la puerta no lo sé. Tampoco conozco si hay capacidad para darle protección en la provincia a más de 450 querellantes y testigos, en cambio los imputados son menos y no están en cárceles comunes.

-¿Quiere decir que los vigilen a ellos?

-¿Quién puede estar interesado en que no testimoniemos? Por eso también pedimos el pase de los represores a cárceles comunes y que tengan un régimen como el de todos los presos. Ésos son los detenidos más peligrosos y conflictivos que hoy tiene el país. Claro que también hay prófugos a quienes hay que atrapar, encarcelar. También reclamamos por la unificación de las causas, para no tener que declarar en distintos expedientes, como pasaba con Julio López que todavía debía atestiguar en otras causas cuando en general las cabezas, las patotas, eran y son las mismas.

A Liliana Gómez le da seguridad el pensar en que sea la sociedad la que también se haga cargo de acompañar a testigos y querellantes: "Saber que vamos a declarar rodeados de gente y representantes de instituciones es muy importante". Como es docente en la Universidad Nacional de Rosario entiende que la institución debe acompañar a sus casi 25 docentes y profesionales que de una manera u otra están ligados a las causas.

Juan Rivero

-¿Abuelo, tenés miedo? preguntó Gabriel de 9 años al hoy concejal Juan Rivero que en mayo de 1978, con 37 años, fue detenido en su casa, muy cerca del lugar donde estaría luego 'chupado', la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, hoy sede de la Unidad Regional II de Policía.

-"Un poco de temor. No más", contestó Rivero quien fue militante de la JTP y trabajaba en Matriforj SA, una fábrica ubicada en Pueyrredón y Arijón. Él es querellante y testigo en la causa que lleva el nombre de quien dirigía la Domingo Matéu en esos años de la dictadura, el teniente coronel Enrique Jordana Testoni. En esa causa se investiga lo ocurrido en el que fue un centro clandestino de detención.

"Toda esta causa está basada en dos o tres testimonios y son importantes para los familiares de aquellos desaparecidos y para nosotros mismos. Tenemos que decir todo esto que tenemos dentro porque esperamos muchos años". Entonces recuerda a quienes estuvieron con él en el 'chupadero' de la fábrica militar y que entran en esa condición inconcebible como es la desaparecidas y desaparecidos: Nadia Miranda, Ariel Morandi e Hilda Cardozo. "Me acuerdo de los que no están pero encuentro muchas cosas en lo que están. En el padre de Nadia, en Lucía la mamá de Ariel, también en el hecho de haber conocido a los padres de Hilda me hace recordar miradas, gestos".

También a él la desaparición de Julio López lo hace reflexionar sobre la duda "que cala muy hondo en las personas, en la sociedad". Rivero cree que la duda agrava el encuentro en el marco de la vida política y también de las organizaciones de derechos humanos. "Los secuestros, los casos de gatillo fácil, estuvieron y están teñidos de duda". Más aún, dice que si hay algunos personajes que estuvieron ligados a la dictadura como ocurre con el teniente coronel (RE) José Bernhardt en la provincia de Santa Fe "puedo decir que tengo dudas de que me puedan dar seguridad. De lo que sí tengo certeza es que necesitamos de la seguridad que nos debemos dar todos, gobierno y sociedad y que eso vale una discusión amplia y profunda en un marco nuevo, el de una nueva democracia".

Este militante social y barrial que llegó a ocupar una banca en el Concejo Municipal en la Lista del socialismo dijo que tuvo "mucho miedo cuando no había hablado" pero también cree que su seguridad está en hacer pública la verdad: "Si hoy me pasa algo, todo el mundo sabrá quiénes serán los responsables".

-¿Aceptaría custodia?

-Creo que tendría que discutir mucho con mi entorno, con mi gente en cuanto a aceptar algo que no me ofrece garantías de seguridad. La seguridad no pasa por personeros de una policía que no fue depurada, por responsables políticos que son ciegos ante los planteos que se les hacen como es el caso del ministro de Gobierno Roberto Rosúa que sostiene que necesita pruebas, por ejemplo, para sacar a José Bernhart -ex subsecretario de Seguridad Pública y actual de Emergencias- del gobierno y a otros personeros involucrados con la represión y que están todavía en la policía o en algún puesto público. También me disgusta que Rosúa actúe como juez y no como ministro que debe dar seguridad. Me refiero a sus afirmaciones en relación con el caso de Héctor Darío Busto, el militante de Venado Tuerto.