El juez Civil y Comercial Nº 1 de Rosario, Iván Kvasina, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Civil La Comuna, que pidió a la Justicia la suspensión del concurso de designación de jefes comunales en unas 60 localidades santafesinas.

La Comuna apeló a la ley 10.000 de intereses difusos para que se suspenda el concurso, al detectar irregularidades en las publicaciones. Al respecto, Fernando Leva, integrante de la entidad rosarina, opinó que "se está violando el derecho que tiene todo habitante de la provincia a poder tomar conocimiento de los antecedentes curriculares de las personas que han sido seleccionadas para cubrir las vacantes de los juzgados comunales provinciales".

Este derecho, explicó Leva, está contemplado en el artículo 9º del decreto del gobernador Jorge Obeid, Nº 2019/06, que regula el procedimiento para la designación de los jueces comunales. Por esta norma, los habitantes de la provincia en general, las ONG, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos con sede en la provincia tienen el derecho a presentar (en un plazo perentorio) ante la Subsecretaría de Justicia de la provincia las observaciones que consideren de interés respecto de las personas propuestas o ternadas para cubrir las vacantes.