La fiscal interviniente María Iribarren y posteriormente el juez Artigas consideraron que se debe rechazar el hábeas corpus y remitir el expediente al juzgado de Instrucción de Casilda para que se investigue la posible comisión de delitos por parte de la policía. El caso de Emanuel no es el único que con estas características ocurre en Casilda donde un profesional que trabaja en las áreas sociales señaló a algunos sitios humildes y otros extremadamente pobres, como aquéllos en los que terminan por formar 'barrios negros, como ghettos'.

El abogado Gustavo Lorenzo del Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del Pueblo en Rosario asesoró a Liliana Romaldi "con la intención de frenar las detenciones arbitrarias que según plantea la mujer estaría haciendo la policía...Por otra parte se trata de trabajar porque se cumpla la ley 26.061 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y que no haya detenciones de chicos que son totalmente inimputables". Lorenzo señaló además que hay pocos juzgados de Menores en la provincia "que como los de Rosario y Venado Tuerto trabajan por la aplicación de la ley".