"Vamos a recurrir la decisión" de la Audiencia Nacional, que el pasado 14 de marzo ordenó el sobreseimiento y archivo de la causa contra Cavallo, adelantó el abogado Carlos Slepoy, quien representa a la Comisión de Solidaridad con las Familias de desaparecidos y muertos en la Argentina (COSOFAN).

Además, en el marco del 32 aniversario del golpe de Estado de 1976, las acusaciones pedirán el lunes al Consejo de Ministros español que suspenda la entrega de Cavallo a la Argentina hasta que se resuelva de forma definitiva su situación procesal en España.

Según Slepoy, la decisión de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el juez Alfonso Guevara, es "escandalosa" e "improcedente por muchos motivos". Fundamentalmente porque el fallo en cuestión "contradice una decisión previa del Tribunal Supremo español, del propio Consejo de Ministros, y va en contra de la Ley de enjuiciamiento criminal", explicó Slepoy.

"Cavallo está a punto de ser juzgado en España, mientras en la Argentina se abriría una larga etapa de instrucción, pero además queremos hacer valer el principio de la justicia universal", indicó el letrado.

El primer paso que darán las acusaciones es hacer uso del recurso de "súplica" para pedir -debido a que se trata de un hecho de trascendencia- que se reúna el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a analizar la decisión de la Sección Tercera de sobreseer y archivar la causa contra Cavallo. En caso de que el pedido no prospere las acusaciones pueden también presentar un recurso de "casación" ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, estas acciones judiciales no tienen un "efecto suspensorio" que impida la entrega de Cavallo a Argentina, por lo tanto, la única manera de frenar la extradición es que el gobierno español tome ésta decisión.

Asociaciones de Derechos Humanos, abogados, representantes de la organización HIJOS, se manifestarán el lunes en Madrid para repudiar la decisión de la justicia española de extraditar a Cavallo, informó Slepoy.

El 14 de este mes, la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó el sobreseimiento y archivo de la causa contra el represor Ricardo Cavallo y autorizó su extradición a la Argentina para que sea juzgado en el país por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El tribunal tomó esta decisión después de que, el pasado 29 de febrero, el Consejo de Ministros español concediera la extradición de Cavallo bajo la condición de que el ex marino "deje extinguidas las responsabilidades contraídas" en España.

No obstante, en la misma resolución, el Ejecutivo español había autorizado la "entrega temporal" de Cavallo a la Argentina, en los términos acordados por las partes. El gobierno español autorizó la entrega del ex capitán de corbeta tras recibir el visto bueno de México, que el 7 de febrero se pronunció a favor de la re-extradición de Cavallo de España a Argentina.

Desde el 29 de junio de 2003, cuando fue extraditado de México a España a pedido del juez Baltasar Garzón, el represor argentino cumple prisión provisional en Madrid. Cavallo, quien utilizaba el alias "Sérpico" o "Marcelo", afrontaba en España una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010 años por crímenes de lesa humanidad o genocidio, en el marco de la misma causa por la que fue juzgado y cumple una condena de 1085 años el represor Adolfo Scilingo.