16:37 › CAUSA POR LA MASACRE DE TRELEW

El juez Sastre ordenó la liberación del ex ministro Martínez

El juez federal de Rawson Hugo Sastre dispuso esta mañana la "inmediata libertad" del brigadier mayor retirado Ezequiel Martínez en la causa sobre la "Masacre de Trelew", registrada en esa ciudad el 22 de agosto de 1972, con 16 muertos y tres heridos graves.

Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado ordenó la medida luego de indagar durante un par de horas y disponer la "falta de mérito" de quien fuera el secretario de gobierno del presidente de facto Agustín Lanusse.

El interrogatorio se realizó en una oficina adyacente a la ex sala de audiencias de la Cámara Federal, donde fueron juzgadas las juntas militares que gobernaron el país durante la última dictadura.

Asistido por la defensora oficial Mirta Seniow de Gando, Martínez negó los cargos en su contra ya que, recordó, el se desempeñaba como "secretario" y no tomaba decisiones.

Las imputaciones contra el ex funcionario apuntaban a que "habría" participado en la determinación que, según constancias del sumario, concluyó con el fusilamiento de 19 militantes de izquierda (solo sobrevivieron tres) en la base Almirante Zar.

Para la tarde Sastre tiene previsto indagar al abogado Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa durante la gestión de Lanusse.

Ayer, indagado como presunto encubridor del hecho, el capitán de navío retirado Enrique Bautista, instructor del sumario interno de la armada, avaló la versión de un enfrentamiento armado debido a una tentativa de fuga de los presos.

En la causa están procesados con prisión preventiva y embargos multimillonarios sobre sus bienes el contralmirante Horacio Mayorga de 83 años y los capitanes Rubén Norberto Paccagnini (83), Luis Emilio Sosa (71) y Emilio del Real (71) y al cabo segundo Carlos Marandino (58), todos en situación de retiro.

Sosa y el prófugo teniente Roberto Guillermo Bravo fueron mencionados por Bautista como los marinos por cuya "negligencia" (sacaron a todos los presos juntos y circulaban con sus armas reglamentarias) se habría generado el supuesto intento de fuga.

Según hipótesis de organismos de derechos humanos, cuando se decidió alojar a los detenidos en la base Almirante Zar, tras la rendición de los militantes de izquierda en el aeropuerto el 15 de agosto de 1972, ya estaba tomada la decisión de fusilarlos.

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