Martes, 16 de septiembre de 2008 | Hoy
00:33 › LA CRISIS EN BOLIVIA
El gobierno de Bolivia invitó esta noche a los prefectos opositores a reanudar el diálogo y firmar un acuerdo para la pacificación del país, pese a que ellos consideraron rotas las negociaciones tras la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
"Confiamos en que en las siguientes horas recapaciten y firmen un acuerdo; el gobierno ya firmó y sólo resta implementar el acuerdo", declaró el vicepresidente Alvaro García Linera, según reportó la agencia noticiosa alemana DPA.
Los prefectos de cinco departamentos gobernados por la oposición -Beni, Chuquisaca, Pando, Santa Cruz y Tarija-, representados por el mandatario de Tarija, Mario Cossío, mantuvieron el fin de semana dos rondas de diálogo con García Linera, en las que acordaron una serie de condiciones.
La conversación pasó a cuarto intermedio ayer por el viaje del presidente Evo Morales a la cumbre de la Unasur, en Santiago, con el propósito de que el propio primer mandatario se sumara cuando se reanudara, a su regreso.
Pero Morales sólo volvió a La Paz en la madrugada de hoy, debido a que la cumbre se prolongó más de lo esperado, y esta mañana fue detenido Fernández, a quien el gobierno central responsabiliza por los violentos enfrentamientos del jueves pasado en Pando, que causaron al menos 21 muertos.
Los prefectos opositores consideraron al arresto de Fernández como una "ruptura fáctica de la negociación" por parte del gobierno central y resolvieron no continuar las conversaciones.
"La negociación se inauguró con estado de sitio y se cierra con una detención; el diálogo no ha muerto pero agoniza", declaró Cossío en Santa Cruz de la Sierra, un rato después de haber gestionado sin éxito en La Paz que el gobierno nacional liberara a Fernández.
"Esperemos que el presidente reflexione sobre el impacto de su decisión en la última oportunidad que había de pacificar para construir un gran acuerdo nacional", agregó.
En tanto, García Linera aclaró que la cuestión judicial relacionada con la detención de Fernández y otras 12 personas es diferente de las reivindicaciones de las regiones sobre la renta petrolera, estatutos autonómicos y la nueva constitución.
"Como gobierno justiciero haremos todo para que haya sanciones a las personas que atentaron contra la vida de bolivianos; vamos a cumplir con todo el procesamiento y no permitiremos que este tema sea parte de la negociación" con los prefectos, advirtió.
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