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El tribunal también dispuso la citación a indagatoria de cuatro ex directivos de la empresa privatizada, añadieron los voceros.

El fallo de la Sala I de la Cámara sostiene que el proceso de privatización estuvo "viciado desde su origen", que comenzó con la sanción del decreto 1591 de 1989, cuando se dispuso la privatización parcial de Aerolíneas, y podría llegar a ser declarado nulo.

La resolución fue dictada por los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah, mientras que Jorge Ballestero no intervino ya que había actuado en la causa como juez de primera instancia.

Menem y Cavallo fueron imputados como coautores del delito de peculado por un accionar a través del cual "se consumó la sustracción de los bienes que conformaban el patrimonio" del Estado.

El Código Penal prevé una pena de reclusión o prisión de dos a 10 años para ese delito incluido en el capítulo "malversación de caudales públicos".

La medida judicial se produce en medio del avance del Gobierno para concretar la expropiación de la compañía aérea.

La Cámara también ordenó las indagatorias de ex directivos de Aerolíneas, entre ellos Enrique Menotti Pescarmona y Abdo Menehem, quien era el representante del Estado en la empresa, para determinar si hubo alguna anomalía en la administración, añadieron los voceros.

Además, el tribunal declaró prescripta -por el paso del tiempo- la imputación contra Roberto Dromi, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Menem considerado el arquitecto de la privatización de la compañía aérea, y contra los ex ministros de Economía Erman González y del Interior Julio Mera Figueroa, quienes fallecieron.

La resolución también será remitida a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso de la Nación.

La causa se inició en abril de 1990 y el ex juez federal Carlos Liporace dispuso el sobreseimiento de todos los imputados.

Pero luego los fiscales federales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial reabrieron la investigación.