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"La peligrosidad no mengua con la edad y si hoy son ancianos es porque la justicia llega tarde", dijo la abogada Sabrina Dentone en el primer día de alegatos ante el tribunal Oral federal de San Martín.

Aludía a la edad de los seis imputados, mayores de 70 años, y que habilitaría a una eventual reclusión domiciliaria en caso de que el tribunal que preside la jueza Lucila Larrandart acepte otro trato que la prisión preventiva que hoy cumple en el penal de José C. Paz.

Se trata de los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García, máximos jefes de esa gran guarnición militar en 1976, y de los oficiales Cesar Fragni y Raúl Harsich, y del policía Alberto Aneto, quienes escucharon los alegatos sentados y sin un gesto en la sala de audiencias.

Sentada pero en primera fila del público escuchó el pedido Iris Pereyra de Avellaneda, la también octogenaria madre del muchacho que fue secuestrada junto a éste por un grupo de tareas que buscaba a su padre, un delegado sindical, pero logró sobrevivir y ahora es principal querellante.

Llevados primero a la comisaría de Villa Martelli y luego a un centro clandestino de detención en el campo de tiro de Campo de Mayo, el cadáver del chico apareció dos meses después en la costa uruguaya muerto por empalamiento, una tortura perversa y medieval", según el alegato leído en su primera parte por el abogado Jorge Briozo.

El pedido de cárcel común y a perpetuidad en una unidad del Servicio Penitenciario Federal fue reiterada por la otra querella realizadas hoy, a cargo del abogado Carlos Zamorano en representación del Partido Comunista en el que militaban los Avellaneda, tanto los padres como el chico.

Por una cuestión procesal, ni la familia ni las demás organizaciones pudieron querellar a los generales Rivero y Verplaestsen, entonces comandante del Instituto Militares y su jefe de inteligencia.

Ambos están acusados de ser autores "mediatos" de los delitos de homicidio agravado por alevosía, aplicación de tormentos, privación ilegal de la realidad, allanamiento ilegal y robo en el domicilio, al igual que García, que era jefe de la Escuela de Infantería.

Al policía Aneto y a los oficiales Fragni y Harsich se les imputa ser "coautores" de los mismos delitos, en el "marco de un genocidio", un delito que no tiene tipificación en el sistema penal argentino.

Los alegatos de la acusación se completarán el viernes, cuando concluyan su exposición las letradas Miriam Bregman y Liliana Mazzeo, del colectivo Justicia Ya, y se escuchen los alegados de la también querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía.

En estos últimos dos casos si se incluirán el pedido de pena para Riveros y Verplaetsen, que manejaron al menos cuatro campos de exterminio de prisioneros políticos ubicados dentro de Campo de Mayo a partir de marzo de 1976, y por los que pasaron tantas victimas como en la emblemática ESMA.