Según lo confirmó la OEA en un comunicado oficial "la delegación se reunirá con distintas instancias públicas y privadas a fin de impulsar la suscripción del Acuerdo de San José". "La agenda de la Delegación no se limitará sólo al ámbito

público, incluye también reuniones con representantes de la Iglesia Católica, las Iglesias Evangélicas, los empresarios, los trabajadores, los candidatos presidenciales y distintas organizaciones de la sociedad civil", añade el comunicado.

Insulza dijo que "nos anima un espíritu de diálogo y la disposición de escuchar a todos los protagonistas relevantes de esta situación que se prolonga ya por demasiado tiempo". "Estamos convencidos de que a todos los actores los alienta

una real voluntad de restablecimiento institucional que permita que las elecciones del 29 de noviembre generen autoridades efectivamente democráticas, legítimas y reconocidas por la comunidad internacional", añadió.

Insulza indicó que "esperamos encontrar una acogida positiva al Acuerdo de San José, como único camino para alcanzar, al mismo tiempo, el retorno a una plena democracia y la reconciliación entre todos los hondureños".

"Es un texto satisfactorio que permite retornar a la situación previa a la madrugada del 28 de junio, reponer al Presidente constitucional y atender las principales aprensiones y demandas que dieron origen a la crisis", manifestó el secretario general de la OEA.

Para Insulza "ello permitirá a Honduras salir fortalecida de esta difícil prueba y brindar un ejemplo de convicción democrática a todo el hemisferio".

Entre el 17 y 21 de este mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Honduras, para observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio pasado.

La delegación estuvo compuesta por la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía Guerrero; el primer vicepresidente, Víctor Abramovich; el segundo vicepresidente y relator para Honduras, Felipe González; el comisionado Paolo Carozza; el secretario ejecutivo, Santiago Canton; y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, Catalina Botero.

De acuerdo al informe de la CIDH, la citada Comisión constató durante esta visita que el golpe de Estado del 28 de junio ha creado una situación de ilegitimidad democrática que tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los

derechos humanos de todos los habitantes de Honduras. La Comisión comprobó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de fuerzas policiales y militares, detenciones arbitrarias, y control de la

información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía, que tuvo como consecuencia la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas.

La CIDH verificó la existencia de una aguda polarización que ha incidido en los medios de comunicación y que afecta el flujo libre de la información y la posibilidad de que exista un debate vigoroso y desinhibido sobre los asuntos relacionados con la ruptura del orden institucional.

Además pudo comprobar la existencia de serias restricciones del ejercicio a la libertad de expresión provenientes del gobierno de facto, que han generado un ambiente de intimidación que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Y pudo comprobar la existencia de amenazas de muerte y ataques violentos a periodistas y medios de comunicación en razón de su línea editorial, provenientes de distintos sectores. En base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado en 1977, el Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos,

y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

En este sentido, la Comisión insta al Estado a respetar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual y a la libertad de expresión.

La Comisión valoró especialmente el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, cuyo rol ha sido fundamental en la obtención de información y la labor de protección de los derechos de las personas, bajo condiciones de riesgo personal y señaló que continuará observando la situación de derechos humanos en Honduras en el contexto del golpe de Estado.

Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras, concluye el informe.