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La huelga fue convocada el martes último como parte de las acciones de las organizaciones sindicales del Frente Nacional contra el golpe de Estado, en demanda del regreso de Zelaya.

El Frente programó para hoy en Tegucigalpa una nueva manifestación para demandar también la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, en su jornada número 75 consecutiva contra la asonada castrense, reportó la agencia cubana Prensa Latina.

Esa amplia alianza de fuerzas populares y partidos progresistas cumplió ayer una intensa jornada con marchas y caravanas multitudinarias en la capital del país y otras ciudades.

Los miembros de la resistencia se oponen también a la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre próximo si son organizadas por el gobierno de facto.

En tanto, el gobierno de facto, que encabeza Roberto Micheletti, sigue acumulando rechazos y presiones internacionales.

Por caso, desde Bruselas, fuente diplomáticas informaron que la Unión Europea (UE) podría imponer nuevas sanciones a Honduras si no se encuentra una salida negociada a su actual crisis política.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 socios de la UE tienen previsto reunirse el lunes que viene en Bruselas para tratar el asunto, junto a otros temas internacionales en el marco de un Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE), informó la agencia noticiosa alemana DPA.

El texto de conclusiones de la reunión, filtrado hoy a la prensa, asegura que la UE mostrará su "profunda preocupación" por el impasse político que sufre el país.

Mientras que el país no logre un acuerdo pacífico, los 27 socios de la UE se muestran dispuestos a tomar "medidas restrictivas", entre ellas -afirma el borrador distribuido esta tarde en Bruselas-pedir responsabilidades "a los miembros del Gobierno de facto" que están "bloqueando" los avances de una salida negociada.

Los países de la UE muestran su preocupación por la "violación actual" del orden constitucional al tiempo que vuelven a mostrar su respaldo a los esfuerzos mediadores del presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Oscar Arias.

Los estados miembro de la UE "seguirán restringiendo los contactos políticos con el régimen de facto", así como los pagos con cargo al presupuesto de la UE para Honduras, que seguirán "congelados".

Los países de la UE expresan además su hondo malestar por los posibles casos de violaciones de los derechos humanos en el país, entre los que se incluyen amenazas a representantes de organizaciones pro derechos humanos, así como detenciones arbitrarias.

Desde Washington, la organización gubernamental estadounidense Cuenta Reto del Milenio confirmó hoy la terminación de 11 millones de dólares de ayudas para proyectos de transporte en Honduras y anunció además que congelará otros cuatro millones más previstos para la carretera CA-5 que cofinancia.

Tras una reunión de la Junta Directiva de la Cuenta, en la que participó la secretaria de Estado, Hillary Clinton, la MCC anunció su decisión y la justificó considerando "inconsistentes con un compromiso con la ubernamentabilidad democrática" los "recientes eventos" que derivaron en la instauración de un gobierno de facto no reconocido internacionalmente.

Por su parte, el Observatorio Internacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras denunció hoy la falta de condiciones mínimas para celebrar elecciones libres el 29 de noviembre mientras persista el golpe de Estado.

Un informe emitido por esa organización señala la imposibilidad de efectuar los comicios, no sólo porque son promovidos por un régimen de facto, sino por la inexistencia de garantías para el ejercicio de los derechos políticos.

Denunció el Observatorio las graves violaciones humanitarias cometidas por los golpistas, lo cual impide que la ciudadanía pueda ejercer el sufragio en forma segura y sin intervenciones ilegítimas.

El informe manifiesta que en el país tampoco están funcionando los derechos civiles y políticos, pues ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Ministerio Público, han cumplido a cabalidad con su mandato constitucional.