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En una resolución de casi 400 carillas, dictada ayer en la causa en la que se investigan escuchas telefónicas ilegales, el magistrado también incluyó a los policías misioneros Diego Guarda, Raúl Rojas y Rubén Quintana.

Según Oyarbide, las órdenes de interceptación telefónica dictadas por la justicia misionera eran "legales pero ilegítimas" y esa intervención de dependencias oficiales para efectuar las escuchas provocó "un perjuicio patrimonial a las arcas del Estado Nacional".

Los procesados "actuaron como numerarios de fuerzas de seguridad, lo que hace suponer no sólo un pleno conocimiento de la ilicitud de la actividad que desarrollaron, sino también que cuentan con una infraestructura tal, que les permite de esa manera llevar adelante maniobras criminales como la investigada en autos".

El juez sostuvo que las falsas informaciones con las que se obtenían las escuchas estaban "revestidas de un manto de presunta legalidad, que oculta la ilegitimidad de las mismas, circunstancia que a todas luces dificulta el descubrimiento de esas maniobras delictivas".

"Se encuentra acreditado que los nombrados han defraudado las arcas de la administración pública nacional", pues "las conexiones telefónicas realizadas fueron llevadas a cabo utilizando las instalaciones de la Secretaría de Inteligencia de la Nación", afirmó.

A los delitos por los que ya estaban procesados y detenidos Palacios y James (escuchas telefónicas ilegales y asociación ilícita) el juez agregó ahora la figura prevista y reprimida en el inciso quinto del artículo 174 del Código Penal.

Esa norma -inserta en el capítulo de las "estafas y otras defraudaciones"- castiga con prisión de dos a seis años a quienes "cometieren fraude en perjuicio de alguna administración pública".

Ayer mismo Oyarbide libró un oficio al presidente de la Sala Primera de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, notificándole la ampliación de los procesamientos "en virtud de los incidentes de apelación (allí radicados) ... que fueran formados en el marco de la causa de referencia".

A la organización se le imputa las escuchas telefónicas ilegales a Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA, al empresario Carlos Avila, a gerentes del hipermercado Coto y al cuñado del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, entre otros.

El pasado viernes, el magistrado había confirmado la prisión preventiva de Palacios y James al acusarlos junto a otros ocho detenidos de integrar una "asociación ilícita".