La primera medida fue dispuesta en el marco de la causa impulsada por los legisladores nacionales Federico Pinedo (PRO), Patricia Bullrich y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica).

"Ordeno la suspensión inmediata de los efectos del decreto 2010 dictado por la Presidenta de la Nación con fecha 14 de diciembre hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales (ley 26.122) que regulan el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para los decretos de necesidad y urgencia", sostiene el fallo.

La sentencia fue firmada antes de las 9 de esta mañana, antes de la reunión del directorio del Banco Central que tenía previsto, según trascendidos, dar los primeros pasos en la conformación del Fondo del Bicentenario.

Por la tarde, la misma jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María José Sarmiento, dictó una medida cautelar en la que ordenó la suspensión de los efectos del decreto de necesidad y urgencia 18/2010, por el que el Poder Ejecutivo dispuso la remoción de Martín Redrado como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sarmiento, quien actuó en la causa como jueza de feria, hizo lugar a la cautelar solicitada por Redrado en una acción de amparo en la que pidió, como reclamo de fondo, la nulidad de aquel decreto.

En la resolución, la magistrada consignó que la Carta Orgánica del BCRA establece que los miembros del Directorio (el presidente de la institución forma parte de ese cuerpo) podrán ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo por incumplimiento de las disposiciones contenidas en aquella Carta, previéndose además la posibilidad de ser removidos cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Congreso, presidida por el presidente del Senado e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la Cámara alta, y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de las Cámara de Diputados.

“De la lectura del DNU nº 18/2010 dictado se advierte que la Señora Presidente de la República en su art. 2º pretende exceptuarse de esta exigencia la que, prima facie, parecería resultar improcedente ya que la previa comunicación a la comisión bicameral tendría como única finalidad garantizar la posible intervención del Poder Legislativo con la única finalidad de garantizar el sistema republicano de gobierno”, aseguró Sarmiento.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había designado, por sorteo, a la jueza Liliana Heiland, titular del Juzgado Nº 10, para que actúe en la acción de amparo presentada por Redrado una vez reiniciada la actividad judicial. Mientras tanto, y según resoluciones de aquel tribunal, durante la feria iban a actuar como jueces Sarmiento, entre el 1º y el 15 de enero, y Ernesto Marinelli, entre el 16 y 31 de enero.