"Ya dejó de ser un reclamo popular o una lucha popular para ser un capricho, que la planta tiene que salir" de la cuenca del Río Uruguay, dijo Fernández y agregó que la relocalización de la planta "no va a suceder" porque el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya "es muy contundente al respecto".

Al justificar la decisión anunciada ayer en Casa de Gobierno, Fernánadez dijo que el gobierno se presentó como querellante en la causa para que "de una vez por todas demos por terminada esta situación y podamos liberar el puente" General San Martín, cuyo acceso se encuentra bloqueado desde noviembre de 2006.

El funcionario reiteró que la justicia "no ha tenido definiciones contundentes, fueron elípticas" sobre el corte de la ruta, ya que en los fallos "dicen 'desalojen', pero no dicen ni cómo, ni cuándo, ni responsables". De esta manera, se refirió al fallo del juez Gustavo Pimentel, quien esta semana ordenó liberar la ruta, basado en resoluciones anteriores.

"Entendimos que era vano notificar a quienes nunca van a querer notificarse. Y para poner las fuerzas de seguridad a presionar, tendríamos que llegar a un punto de presión tal que estaríamos a un milímetro de tener que reprimir, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo", señaló.