23:30 › LA MAYORíA ESTá DETENIDA POR DELITOS DE NECESIDAD ECONóMICA

"Existe una gran desproporción entre el daño social que producen los delitos y el castigo"

La Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria y el Centro de Estudios Legales y Sociales presentaron los resultados de una investigación sobre las condiciones de detención de las mujeres. El procurador penintenciario, Francisco Mugnolo, afirmó que la injusticia de la reclusión no reside "sólo en la duración de las condenas sino también en las consecuencias que acarrean para sus familias".

Según el Servicio Penitenciario Federal, la población de mujeres en las cárceles federales pasó de 298 en 1990 a 1039 en 2007, lo que implica un incremento del 350 por ciento. Además, las mujeres encarceladas pertenecen a los sectores más vulnerables, y el 86 por ciento son madres, en su gran mayoría cabeza de familias monoparentales.

El informe destaca que la edad promedio de las mujeres detenidas es 36 años, el 48 por ciento son extranjeras; la inmensa mayoría -el 80 por ciento- delinquieron por primera vez y el 67 por ciento nunca fueron visitadas por sus hijos menores de edad. La defensora Fernanda López enfatizó que "las mujeres llegan ahí porque hay políticas criminales absolutamente irracionales". En momentos en que "se habla de mano dura y restricción de derechos, principalmente de la libertad, es importante aclarar que los delitos que les imputan no tienen que ver con demandas de seguridad sino con tipificaciones sobre estupefacientes, donde se desdibuja la relación víctima-victimario", indicó López.

Por su parte, Mugnolo afirmó que "la gran mayoría de las mujeres están privadas de la libertad por delitos de necesidad económica, y así como promovimos la legislación para que las mujeres con hijos cumplan condena con prisión domiciliaria, y aunque muchos jueces no la aplican, no somos indiferentes en promover" normas para quienes no deberían estar en la cárcel. Entre las normas vigentes, está la morigeración del encierro, con salidas transitorias para trabajar y visitar a la familia, a las que se puede acceder a mitad de la condena (artículo 17 de la Ley 24.660).

El informe sostiene que "la violación sistemática de los derechos fundamentales de las mujeres presas pone en evidencia la irrealización de los pretendidos fines resocializadores que constitucionalmente se le han otorgado a la pena de prisión". El derecho a la educación, al trabajo, a la salud, así como a condiciones dignas de detención "son vulnerados cotidianamente, lo que confirma que la cárcel es incapaz de producir efectos positivos y permiten definirla como un espacio de reproducción de desigualdades, violencia y exclusión", concluye.

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