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En su informe, el organismo encargado de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos planteó que la legisladora se extralimitó en sus funciones al entrar en contacto con los guerrilleros, lo cual habría quedado de manifiesto en la información encontrada en las computadoras incautadas en el campamento donde fue abatido alias "Raúl Reyes", quien era el segundo jefe de las FARC.

Entre las pruebas fundamentales que le sirvieron a la institución para basar la acusación figuran una serie de correos electrónicos que Córdoba intercambió con "Reyes", en los que "se pudo establecer que la senadora se identificada ante la guerrilla con los alias de 'Teodora' o 'Teodora de Bolívar'.

"El Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos", señaló el organismo en un comunicado.

Córdoba, que siempre ha negado cualquier tipo de nexos con las FARC, empezó a ser investigada por la Procuraduría General en junio del año pasado. La senadora, que niega ser la "Teodora de Bolívar" mencionada en los mensajes encontrados en las computadoras de "Reyes", calificó de "montaje" a las denuncias, al inicio del proceso, y sugirió que la investigación obedecía a que no apoyó la candidatura del procurador general, Alejandro Ordóñez, cuando el Senado lo eligió en el cargo.

En tanto, la Procuraduría General aseguró que Córdoba dio información a las FARC sobre asuntos diferentes a la liberación de rehenes, como "posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos", al tiempo que solicitó al grupo guerrillero divulgar pruebas de vida de algunos secuestrados "con el fin de favorecer a gobiernos de otros países".

La senadora es la cabeza visible de Colombianos por la Paz, un grupo que se formó en 2008 con la participación de políticos, intelectuales, artistas, periodistas y ex rehenes de la guerrilla, entre otros, con el objetivo de buscar alternativas para acabar el conflicto armado interno que azota al país.

El grupo entabló contactos epistolares con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las FARC, en el marco de los cuales éste último grupo entregó a varios rehenes en los últimos meses a comisiones humanitarias encabezadas por Córdoba.

En ese sentido, la legisladora destituida aseguró que sus contactos con las FARC son públicos y acusó al anterior gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) de maniobrar en su contra por haber sido una de las más caracterizadas dirigentes de la oposición.

El Partido Liberal, en cuyo sector más izquierdista milita Córdoba, fue opositor durante la administración Uribe y ahora forma parte de la alianza de gobierno que apoya al presidente Juan Manuel Santos.