“Por algo no prescriben estos crímenes”, dice Juana Muniz Barreto, sentada en torno de una mesa familiar. “A cada uno le lleva mucho tiempo poder hablar, resolver; empezar a recolectar las pruebas es una tarea muy ardua, difícil y a veces hasta azarosa.” Al lado están sus hermanos Diego y Antonio, que llegó especialmente de España. Son hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado por Luis Abelardo Patti el 16 de febrero de 1977 a las seis de la tarde, en una carnicería de Escobar. La causa Muniz Barreto es una de las que empezarán a ventilarse a partir de hoy en el auditorio Hugo del Carril de José León Suárez, en un juicio histórico. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín comienza a juzgar a los ya condenados generales Santiago Omar Riveros, ex director del Comando de Instituto Militares Zona 4 de Campo de Mayo, y Reynaldo Bignone, por entonces su segundo. También a Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar, y al inefable Luis Abelardo Patti por nueve víctimas. Patti, en 1977, era oficial de la comisaría de Escobar y hoy será juzgado por nueve privaciones ilegales de la libertad, la aplicación de tormentos a seis víctimas y el asesinato de Gastón Gonçalves. Pese a los requerimientos, dilaciones y supuestos problemas de salud, el ex subcomisario y ex intendente de Escobar –patrocinado por Alfredo Bisoridi– se sentará ahora sí en el banco de acusados.

“Buscamos que las cosas vuelvan a quedar en su lugar”, dice Ana. “Que no seamos nosotros los que tenemos que estar con miedo y, en el caso de Patti, porque es muy perverso ver a una persona que está haciendo campaña política en nombre de la seguridad cuando es la misma persona que te causó la inseguridad más grande de tu vida, que es el secuestro a tu papá.”

A la mesa familiar acaban de volver los tres hermanos de una minigira por José León Suárez, tratando de entender dónde es que va a estar la sala: está a unos pocos cientos de metros de los basurales de los fusilados de Rodolfo Walsh y dos veces a la semana, lunes y jueves, se harán las audiencias de este nuevo juicio oral.

El juicio es un desprendimiento de la llamada causa “Riveros”, una megacausa con unos 400 casos instruida por el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín. Ana Oberlin y Pablo Llonto, los abogados que representan a la querella, indicaron que cada uno de esos 400 casos tramitan de forma independiente y que tres se desprendieron para dar inicio al debate. Luego de las primeras audiencias de lectura de requerimiento e indagatoria, comenzarán a pasar los testigos, unos cien. El TOF 1 integrado por Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Marta Milloc se concentrará en la investigación de nueve casos reunidos en tres expedientes:

- Gastón Roberto José Gonçalves, secuestrado el 24 de marzo de 1976, permaneció detenido unos días en el celular que estaba en las instalaciones de la comisaría de Escobar. Fue golpeado y torturado. Había sido amenazado y perseguido por Patti. El cuerpo se encontró quemado el 2 de abril de ese año, lo enterraron como NN en el cementerio de Escobar. El Equipo Argentino de Antropología Forense lo identificó 20 años después.

- El ex diputado Muniz Barreto y su secretario Juan José Fernández, secuestrados el 16 de febrero de 1977 y a quienes después de un largo proceso se les inyectó un líquido para adormecerlos, los subieron a un vehículo y los arrojaron al arroyo Moreira, en la localidad entrerriana de Villaguay. Fernández logró salir con vida. La dictadura intentó hacerlo pasar como un accidente.

- El allanamiento ilegal a la casa de la familia D’Amico y el secuestro de los hermanos Guillermo y Luis Rodolfo D’Amico, y de sus padres Josefa Molina y Luis D’Amico. También, el secuestro de Carlos Daniel Souto y el allanamiento, secuestro y tormentos a Tomás Ariosti.

El terreno

Cada una de las causas siguió procesos diferentes. “Souto se empezó a instruir en los ’80 porque las familias fueron citadas a un proceso que se inició como de oficio”, indica Ana Oberlin. “Esa fue una diferencia con los casos Muniz Barreto y Gonçalves, en las que el avance de las causas tuvo mucho que ver con el trabajo de las familias.”

A horas del comienzo del juicio, los hermanos fueron al aeropuerto a buscar a Antonio, que vive en España y no es un exilado político. “Aunque no lo sé”, dice. “No y sí, no soy un exiliado político, se me nota, pero esto produce una cosa que es el aislamiento y te quedás hecho polvo como en un huevo, la realidad te empieza a afectar porque vivís parado arriba de una mentira, porque Patti de pronto va a ser candidato a gobernador.” Y entonces dice que ésa es la mentira, y la vida, un lugar desde donde “te caés todo el tiempo”.

Juana, que no se cae pero se ahoga, de pronto se acuerda del Mundial ’78, un año después del secuestro, de un ascensor en su edificio durante el último gol del Mundial. “Era un ascensor con puertitas de rejas, yo iba subiendo y escuchaba los gritos del gol en todos los pisos y me sentí tan angustiada y tan sola, porque era como que estaba completamente aislada.” El comienzo del juicio es muy movilizante: “Yo digo que esto es como un tsunami, que es algo que uno viene buscando desde hace muchos años y que uno viene esperando”. Empezaron con la causa el 6 de marzo de 2007, a 30 años del asesinato. “Son casi cuatro años, pero estamos recolectando pruebas desde el mismo momento que se lo llevaron a mi papá.” Tienen pruebas del 20 de febrero de 1977, cuatro días después del secuestro, que mantuvieron guardadas en una caja que engordó, se hizo una carpeta grande y ahora es parte de los doce cuerpos del expediente.

Los datos siguen apareciendo. El juicio oral impulsa un proceso que los abogados llaman “etapa de instrucción ampliada”, donde se siguen acumulando pruebas. La semana pasada llegó a manos de Juana un informe de la Policía Federal, descubrieron que en enero de 1977 a Diego le negaron los documentos porque aparecía en una lista de personas que podían llegar a pedir asilo en una embajada. “Esa era una persecución clara, porque quiere decir que no querían que se fuera del país, lo querían matar.”

Se lo llevaron “cuando estaba comprando carne en una carnicería de Escobar, a punta de pistola, de civil y en un auto particular, lo secuestró Patti a él y al secretario –dice Juana–, los llevaron a la Unidad Regional Tigre, de ahí a Campo de Mayo, los metieron en el baúl de un auto, cuatro de la mañana, atados de pies y manos, encapuchados, les hicieron hacer 700 kilómetros al sol el 6 de marzo hasta que a las diez de la noche les dieron una inyección y los tiraron al río. Fernández vivió y antes de irse del país contó todo en un escribano que lo sentó a una máquina de escribir y le hizo escribir este testimonio que tiene 33 páginas y es de un detalle y una prueba impresionante”.

Ellos recibieron ese testimonio en 2000, una de las razones por las que Juana habla del azar en la acumulación de las pruebas. “El testimonio estuvo guardado en una bohardilla en Francia, Juan falleció en 1985 y de repente la viuda lo encontró; el escribano se lo había mandado.”

Gonçalves

Manuel Gonçalves pasó la semana pasada por la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo. Estuvo en el anuncio de la restitución del nieto 102. Antes se dio una vuelta por la sala de audiencias de Comodoro Py, donde se hace el juicio por la ESMA. La cosa para él va a ser complicada: no sabe si va a hablar como el hijo de sus padres Gastón y Ana María del Carmen Granada, acribillada el 19 de noviembre en lo que se llamó la masacre de Juan B. Justo, o como nieto buscado por las Abuelas de Plaza de Mayo. “O por lo que soy”, dice pensándose como producto de esa doble historia, apropiado y restituido a la vez. “Porque es así, si no supiese quién soy, no estaría sentado diciendo lo que tengo que decir, mi verdadero nombre, para reivindicar la historia de mi papá.”

Como los Muniz Barreto, Manuel y su hermano Gastón Gonçalves son querellantes de la causa de su padre. La instrucción del caso comenzó con una denuncia de ellos el 28 de octubre de 2004. Ellos serán además los que abran la etapa de las testimoniales en el juicio, serán los primeros testigos que declararán en una audiencia prevista para el 14 de octubre. Manuel sabe que es un juicio difícil. Durante la investigación hubo amedrentamientos y presiones contra los testigos. Un día se llevaron a Luis Gerez, en un hecho que nunca terminó de aclararse. “Nunca nadie a mí me dijo nada”, dice él. Aunque alguna vez lo llamaron por teléfono desde la cárcel y cuatro veces en un mismo día encontró las puertas del auto abiertas. “La particularidad de esta causa la da Patti”, dice a Página/12. “Es como el que motoriza todas estas cosas raras que pasan. Era candidato a gobernador cuando empezamos, estaba en plena vigencia política, con alianzas con el duhaldismo y de hecho pasó dos elecciones con imputaciones en la causa; y nos costó mucho con la mayoría de los medios, cuando él decía que no tenía nada y el mismo día presentaba un abogado en la causa.” Después llegó la imputación, la orden para detenerlo y la decisión de sacarlo del Congreso.

“Nos costó mucho porque no estamos tratando con uno más”, indica. “Ninguno de los genocidas es como uno más, pero éste tiene la particularidad de tener aspiraciones que van mas allá de su rol de genocida.” Patti usó las instituciones democráticas durante muchos años y buscó los fueros de diputado, dice él, para poder seguir estando en libertad. Y todavía lo intenta. Hasta la semana pasada trató de convencer a los peritos de la causa de que sigue afectado por el accidente cerebrovascular que al parecer efectivamente tuvo en febrero del año pasado. “Aprendió qué síntomas tiene que fingir”, dice Oberlin. “Pero igual, por suerte nosotros también tenemos nuestros médicos que terminaron diciendo, como el forense, que está en condiciones de declarar.”