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La investigadora Donatella Rovera indicó que, según su investigación, en El Aaiún entre los pasados 24 y 30 de noviembre, "hubo tres o cuatro casos de heridos de bala de goma durante el desmantelamiento, y otros tres o cuatro de heridos de bala de fuego posteriormente, a las afueras de la ciudad, en circunstancias confusas".

Tras haber regresado de la capital administrativa del Sahara Occidental, Rovera permanecerá en Rabat, la capital marroquí hasta el sábado y va a preparar un informe sobre los altercados, en el que la cifra de muertos de la que AI dispone coincide con la de las autoridades del reino: once agentes de las fuerzas de seguridad y dos civiles saharauis.

La organización no pudo, sin embargo, confirmar el motivo oficial de la muerte de los dos saharauis -un atropello y una complicación respiratoria- ya que en el primer caso no han llegado a saber si el golpe "fue accidental o a propósito", y en el segundo "la familia no tiene un informe médico".

Rovera se entrevistó en El Aaiún con las autoridades locales, con detenidos saharauis que fueron liberados o se encuentran en libertad provisional, con familiares de algunos arrestados o con testigos presenciales de los disturbios del pasado 8 de noviembre.

Ella y otro experto de AI realizaron su trabajo "sin presiones", asegura, pero fueron seguidos "a todas horas de manera muy clara" y no pudieron acceder a la conocida como la Cárcel Negra de El Aaiún ni visitar a heridos en el Hospital Militar, donde calcula que todavía hay "tres o cuatro personas".

Según sus datos, "la mayoría de los liberados dijeron haber sido golpeados, incluso de manera muy fuerte, por lo que se puede decir que fueron torturados", y agregó que "la tortura era una práctica frecuente y muy extendida".

La organización calcula que hay detenidas 130 personas, de las cuales 118 están en El Aaiún y serán juzgadas por el Tribunal Penal de la ciudad, y otras 12 han sido trasladadas a Rabat y serán presentadas ante una corte militar.

"Las autoridades no han dado detalles de los cargos individuales, pero en general se les acusa de saqueos, asesinato o participación en asesinato, atentado contra la seguridad del Estado y otros ataques", dijo a Efe la investigadora.

Según Rovera, las autoridades "no tomaron la iniciativa de informar a las familias de las detenciones y cuando los familiares se acercaron a la comisaría, el tribunal o la cárcel para preguntar por sus allegados no obtuvieron respuesta" hasta días más tarde.

A ello se suma una "falla de comunicación" entre los abogados saharauis y sus clientes, dado que "casi todos los detenidos fueron presentados ante el fiscal entre el 11 y el 12 de noviembre con la presencia de los letrados, pero a las familias no les llegó esa información".

Amnistía Internacional tiene constancia además de que hay "dos personas desaparecidas, que es probable que estén escondidas", y de que los saqueos y destrozos a viviendas, comercios y edificios públicos se dieron tanto por parte de civiles saharauis como marroquíes.

Rovera indicó que ninguno de sus interlocutores ha sufrido represalias por haber brindado su testimonio, y apuntó que las recomendaciones oficiales a las autoridades marroquíes se realizarán una vez acabado el informe.

En Rabat, el organismo se ha entrevistado con miembros del Consejo Consultivo de Derechos Humanos y de ONG marroquíes, así como con representantes de los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia, a quienes ha pedido datos concretos sobre los altercados, los más violentos en la ex colonia española en casi dos décadas.