La medida la ordenó el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, luego de que el 10 de febrero 20 inspectores de la AFIP visitaran un campo de olivares explotado por el actual diputado nacional. El relevamiento arrojó que los trabajadores, entre los que había tres menores de edad, dormían en carpas de nailon, y los restantes en dos precarias habitaciones de un parque industrial. La explotación fue denunciada a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social del organismo recaudador.

Según habían relatado los agentes fiscales, en todo el asentamiento se registraba un olor nauseabundo, gran cantidad de insectos y líquidos estancados en los pasillos que separan las carpas, debido a la descomposición de los alimentos y por las improvisadas letrinas.

La empresa de Olmedo posee una extensión aproximada de 800 hectáreas y un predio total de 950 y cuenta actualmente con los beneficios de promoción agrícola, emitidos por el Gobierno de la provincia de La Rioja.

Por otro lado, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Camara baja no pudo analizar el proyecto –presentado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, y rubricado por una docena de diputados de distintos bloques– para conformar una comisión investigadora y la suspensión preventiva de Olmedo, por falta de quórum.