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Los policías están acusados de haber liberado la zona en la que ocurrió el crimen al no actuar para evitar el ataque de la patota de la Unión Ferroviaria (UF). Entre los citados se encuentran Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia Metropolitana pasado a disponibilidad el mes pasado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca de la Policía.

Las jueza los incluyó en la nomina de policías cuya indagatoria había sido pedida por el fiscal de la causa, Fernando Fiszer, dado que ambos comandaron el operativo. El primero de los policías citados para mañana a las 10 en el quinto piso del Palacio de Tribunales es Gastón Conti, un principal de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal que monitoreó el operativo junto a sus jefes.

Todos los policías están imputados por el presunto delito de "misión de deber" de funcionario público ya que no se interpusieron entre agresores y agredidos y les franquearon el paso a los primeros, además de no recoger pruebas ni preservar la escena del crimen. También se les imputa no dejar registradas sus conversaciones durante el operativo, incumpliendo una orden, ya que usaron celulares personales en vez de los comunicadores policiales.

Otra de las anomalías detectadas en la investigación es haber interrumpido la filmación del operativo cuando se producía la agresión de la patota sobre los tercerizados, pese a que las cámaras tenían batería y memoria disponible.

Las indagatorias concluirán la semana que viene cuando declaren, el miércoles, Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30; y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video; y el jueves el comisario inspector Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas, y el comisario Ferreira, que dirigía el operativo.

En esta causa hay diez detenidos y procesados por el crimen y las otras tres "tentativas de homicidio", entre ellos el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, acusado de ser "instigador" de la agresión contra los manifestantes que reclamaban el blanqueo laboral en una empresa gestionada por el gremio.