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En su fallo con la firma de los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara extendió el desprocesamiento del ex titular de la Superintendencia de Salud a otros tres funcionarios de esa dependencia, Fernando Scopinaro, Oscar Cochlar y Horacio Ballesteros, y dejó sin efecto embargos próximos al medio millón de pesos.

Todos habían sido procesados por Oyarbide por "abuso de autoridad" aduciendo que la superintendencia no tenía facultades para repartir entre 58 obras sociales, afectadas a los Programas de Prevención de Salud, 48 millones de pesos, además de la presunta discrecionalidad en el reparto.

"A poco de avanzar en el análisis de los antecedentes glosados al legajo, se observa nítidamente que la fundamentación del temperamento adoptado posee vicios que impiden considerarlo como un acto jurisdiccional válido", dictaminó la Cámara.

"No cabe perder de vista que fueron diversas las áreas de la administración pública que se han expedido en torno a las facultades del citado organismo para implementar dichos programas", indica el fallo y reprocha al juez no tener en cuenta los dictámenes de los ministerio de Salud, de Economía y la Jefatura de Gabinete.

En cambio, la Cámara resolvió mantener el procesamiento de Capaccioli por "utilización indebida de fondos" de la caja chica del organismo ya que "obran suficientes constancias que permiten tener por acreditado que el imputado utilizó indebidamente los fondos asignados para gastos de cortesía y homenaje", estableció la Cámara.

En la resolución, el tribunal cita quince expedientes referidos compras de gran cantidad de camisas, camperas, indumentaria deportiva, calzado, ropa femenina, juguetes y mercaderías "sin especificar" por montos no consignados y destaca que la reglamentación vigente establece que "las cajas chicas podrán utilizarse solamente para atender gastos inherentes a la función específica del área responsable".