Las penas que recibieron César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Ricardo David Videla, Saúl Cristian Roldán y Claudio David Nuñez les fueron impuestas, según la Comisión, incumpliendo varios estándares internacionales en materia penal juvenil, ya que la privación de libertad se considera el último recurso y se recomienda que se mantenga durante el tiempo más breve que proceda. Además, se debe asegurar una revisión periódica de la posibilidad de excarcelación.

El caso también se relaciona con una serie de violaciones ocurridas durante el cumplimiento de las condenas, bajo la custodia del Estado. Por ejemplo, Videla y Roldán fueron sometidos a condiciones de detención "incompatibles con su dignidad humana" en la Penitenciaría Provincial de Mendoza. Como consecuencia de este trato, Videla, que padecía problemas de salud mental, falleció.

Según la Comisión, el Estado no adoptó las medidas razonables para prevenir su muerte ni para investigarla después como es debido. Por su parte, Mendoza perdió la visión en la cárcel y el Estado no le otorgó el tratamiento médico adecuado para evitar el deterioro de su enfermedad.