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La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, que visitó Uruguay del 4 al 8 de julio, también resaltó que, según datos oficiales, el nivel de hacinamiento en las cárceles uruguayas es del 129 por ciento, y llega al 200 por ciento en algunos establecimientos.

Para luego, insistir: "La Comisión Interamericana reitera que el hacinamiento de personas privadas de libertad constituye en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano y degradante".

El organismo de derechos humanos, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), también manifestó su "gran preocupación" por el "uso generalizado de la prisión preventiva por periodos de tiempo que muchas veces exceden un plazo razonable".

Según pudo constatar la Relatoría durante su visita, "existe una práctica constante y sistemática de hacer uso de la prisión preventiva de forma automática", hasta el punto de que el 65 por ciento de la población carcelaria son personas procesadas sin condena, porcentaje que en el interior del país asciende al 71,8 por ciento.

En este aspecto, la CIDH recomendó al Estado uruguayo "promover un cambio en la cultura y la práctica judicial establecidas" para lograr un "verdadero cambio de paradigma en la concepción de la procedencia y necesidad de la prisión preventiva".

Asimismo, llama al gobierno a "realizar las reformas legales necesarias para limitar la utilización de la prisión preventiva, especialmente en el caso de los delitos no violentos y menos graves". Además, propone "recurrir con mayor frecuencia a medidas alternativas o sustitutivas que no impliquen la privación de libertad".

Entre otros problemas que constató la CIDH en el sistema carcelario uruguayo se incluyen las "condiciones edilicias y sanitarias inadecuadas e insalubres", al igual que "condiciones laborales y salariales inadecuadas para el personal" carcelario, un alto consumo de drogas ilegales entre los presos y la existencia de "redes dedicadas al tráfico de drogas y extorsión en las que participaría personal penitenciario".

La CIDH también destacó la "ausencia generalizada de programas de estudio y trabajo" para los reclusos, así como la "inexistencia de políticas públicas integrales" sobre la gestión penitenciaria.

Pese a ello, la CIDH dijo valorar de forma "positiva" el "reconocimiento institucional" de la "grave crisis penitenciaria" del país y la "manifestación expresa" del gobierno de considerar la situación carcelaria de la nación como una de sus "prioridades principales".