Ante las graves condiciones de detención y los numerosos casos de tortura que se registran en Latinoamérica, representantes de los mecanismos contra la tortura del sistema de Naciones Unidas y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH consideraron fortalecer sus relaciones y la coordinación de sus actividades. Con este fin, se celebró una primera reunión en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de marzo de 2011. Durante la reunión, los participantes consideraron la directa relación entre, por un lado, la tendencia a adoptar políticas públicas represivas en materia de seguridad ciudadana y, por otro, el aumento de la población carcelaria, el incremento de casos de tortura y el empeoramiento de las condiciones de detención. También ponderaron la creación del Ministerio de Seguridad a cargo de Garré.

La CIDH y los miembros de los mecanismos de la ONU se pronunciaron reiteradamente con respecto a la grave situación de las personas privadas de libertad en las Américas y han coincidido en sus diagnósticos y emitido recomendaciones similares y complementarias. Sin embargo, muchas de estas recomendaciones permanecen sin cumplirse. En Argentina, el caso de cinco jóvenes condenados a perpetua cuando eran menores de 18 años (el proyecto de ley se encuentra en Diputados con media sanción pero no aparece en la agenda parlamentaria) ya pasó a la Corte Internacional de DD.HH., y el hacinamiento de las cárceles bonaerenses sigue en la columna del debe. Los representantes reunidos, entre los que se encuentra el argentino Mario Coriolano, vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura, pusieron la lupa en la persistencia de la práctica de torturas.