Según la vicepresidenta y portavoz del gobierno del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y de acuerdo con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, los directivos de "las empresas públicas más grandes" no podrán cobra más de 105.000 euros anuales de salario fijo, lo que implica una rebaja media de entre el 25 y el 30 por ciento en sus retribuciones. El tope para las empresas medianas se establece en 80.000 euros al año y las de menor dimensión en 55.000 euros, lo que se traduce en una reducción del 35. En cuanto al porcentaje variable del sueldo, Sáenz de Santamaría explicó que la retribución estará "absolutamente ligada al cumplimiento de objetivos" preestablecidos por la empresa.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda fijará el porcentaje de salario que puede ser recibido por esta vía y que no se cobrará si no se cumplen con los objetivos. Sáenz de Santamaría remarcó que los directivos del sector público cobran variables "y no siempre vinculadas a los resultados de la entidad", por eso "ahora los vinculamos y limitamos". También se establecen límites a los cobros "en especie" de los directivos como son la vivienda y la manutención. Los recortes se adecuarán a cada empresa pública en función de su tamaño, número de trabajadores, volumen de actividad, entre otras.

A modo de ejemplo, la vicepresidenta indicó cómo repercutirá la reducción salarial en algunas de las empresas del Estado: 22 por ciento en Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), 23 en HUNOSA (tercera minera de España) y el 28 Navantia (empresa dedicada a la construcción naval militar).

La vicepresidente española no pudo cifrar el "ahorro" que supondrá esta medida para el Estado, aunque habló de "volúmenes importantes". En el caso de la supresión de consejeros, "solo en dietas será alrededor del millón de euros", precisó. Esta medida es un paso más en la política de ajuste y reducción del gasto público que está llevando adelante el gobierno español, con la intención de hacer frente al abultado déficit público y cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con la Unión Europea (UE).

Tras asumir el gobierno, Mariano Rajoy identificó un desvío en el déficit de más de dos puntos respecto del objetivo del 6 por ciento planteado por el anterior gobierno socialista en 2011, un dato que recientemente la Comisión Europea puso en duda sugiriendo podía haber sido inflado para que las medidas aprobadas en España tuvieran mayor efecto. Para este año, el compromiso de España es reducir el déficit hasta el 4,4.