Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, volvió a convocar a las partes a la mesa de paritarias y aseguró que Metrovías "no presentó ofertas salarias", mientras que el Ejecutivo de la Ciudad tomó la decisión de "no dar respuesta", apuntó Tomada, durante la conferencia en la que también estuvo presente el secretario de Transporte, Alejandro Ramos.

"Que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de su responsabilidad política por la potestad sobre del servicio y que Metrovías se haga cargo de su responsabilidad como empresa para llegar a una solución con los trabajadores", sentenció Tomada.

El ministro de Trabajo consideró que "Macri tiene un problema con la ley. No entiende cuál es su competencia" y explicó que el Gobierno Nacional, a través de su cartera, interviene en el conflicto debido a que "es un problema en la negociación colectiva".

Y explicó que "a lo largo de las varias reuniones que hemos tenido, nunca la empresa trajo una propuesta salarial", mientras que en el encuentro de ayer "no hubo ninguna representación por parte de la Ciudad de Buenos Aires".

Antes, De Vido destacó que Metrovías le presentó a Macri "una carta, que parecía escrita por un diplomático florentino de comienzos de siglo, en la cual le decía que 'corre serio peligro la prestación del servicio' y le reclamaba al gobierno porteño acreencias por unos 120 millones de pesos". "Más que un pedido, parece una amenaza" advirtió De Vido, y en este contexto le pidió a los trabajadores "que no sean funcionales a este tipo de reclamos, que es una amenaza de cortar el servicio".

Según el ministro, ante la medida de fuerza, que comenzó este mediodía y se extenderá hasta la medianoche de mañana, "los únicos afectados son los usuarios, que también son trabajadores", aseguró.

Por eso, el titular de Planificación insistió en reclamarle al Grupo Roggio que no tenga fondos para pagar un incremento de salarios, ya que "ha girado dividendos por más de 143 millones de pesos, sólo por la operación del subte, y es una de las principales contratistas del Estado, del cual ha cobrado obras por 4.300 millones de pesos, quedándole abonar otros 3.700 millones, cuando se terminen".

La conferencia de prensa comenzó con la presentación que hizo el secretario Transporte respecto de los antecedentes legales que determinan que el servicio de subterráneos pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, desde 1979, cuando el Estado Nacional, en eso momentos en manos de la última dictadura, se lo traspasó al gobierno municipal.

Si bien en 1994, el Gobierno de la Ciudad transfirió el manejo del servicio a la Nación para que éste a su vez lo privatice, en el 2000, la Legislatura Porteña aprobó la devolución del servicio, lo que fue ratificado a comienzos de este año, cuando Macri firmó el acta acuerdo de transferencia. "No hay mucho que debatir, desde el punto de vista jurídico, de a quién pertenecen los subtes", sentenció Ramos.