Por otra parte, Lijo consideró "válido" un allanamiento sobre un departamento propiedad del vicepresidente y alquilado a terceros en el barrio de Puerto Madero, realizado en el marco de la causa por la exCiccone, ahora absorbida por que analizará la situación patrimonial de Boudou.

En la resolución referida a la conexidad entre ambos expedientes, Lijo adujo la necesidad de garantizar el "debido proceso" y "el derecho de defensa de los sindicados" para ordenar el levantamiento del "secreto bancario y fiscal de los denunciados", seis en total, en la causa por enriquecimiento. Se trata del vicepresidente Amado Boudou, Juan Carlos López, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Agustina Kampfer y Sandra Viviana Rizzo.

En la amplia lista de informes requeridos por el juez figuran las declaraciones impositivas presentadas ante la AFIP y declaraciones de bienes y cuentas bancarias que deberá informar el Banco Central.

En tanto a la Inspección General de Justicia, y otros registros provinciales el juez pidió información sobre la eventual participación de los seis sindicados en un grupo de empresas incluidas en la denuncia original que realizó -pero que no ratificó- el periodista Christian Sanz.

Otra de las medidas de prueba solicitadas por Lijo es el informe a la Unidad de Información Financiera (UIF) relativa a la actividad financiera de los nombrados, reporte de "operaciones sospechosas" o si "se ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero" en la que esté involucrados.

Finalmente, el juez pidió a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que informe la fecha en la que el ahora vicepresidente Boudou "comenzó a percibir sueldo de la administración pública, nacional o provincial".

El organismo, que Boudou dirigió antes de ser ministro de Economía, deberá enviarle además el "historial laboral completo, importe y remuneraciones brutas anteriores a los descuentos de ley, en los períodos 2008 hasta la actualidad" de los restantes denunciados.