La medida judicial fue informada en conferencia de prensa por el defensor adjunto de la Defensoría General porteña, Roberto Gallardo, junto a dirigentes de la UTE-Ctera, quienes con legisladores porteños habían presentaron la denuncia.

El gremio docente había realizado una presentación ante la Defensoría General de la Ciudad contra el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, por intentar criminalizar la protesta de los estudiantes secundarios con ese instructivo en cuyo texto se insta a los directores a "concurrir inmediatamente a la comisaría ni bien se produzca una ocupación del colegio por parte de estudiantes para denunciar la situación de toma".

Además, considera que "los ílicitos que se estarían configurando pueden ser violación de domicilio o usurpación según el criterio del fiscal y una contravención al artículo 58 de ingreso o permanencia de personas en un lugar público o priivado contra la voluntad del titular".