El desencadenante del conflicto fue un fallo del Superior Tribunal de Justicia dictado el viernes, que le da la razón a la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos sobre cómo debe aplicarse la ley provincial 648 de financiamiento educativo. La norma establece que el 25 por cierto del presupuesto provincial debe invertirse en educación, y a través de la sentencia judicial se resolvió que ese porcentaje debe ser tomado del total de los ingresos y con anterioridad al cálculo de coparticipación a los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

De esta forma, las administraciones municipales recibirán unos 300 millones de pesos menos por año y los intendentes aseguran que el funcionamiento de los servicios básicos se torna inviable. Si bien la gobernadora Ríos (Partido Social Patagónico) y los intendentes Federico Sciurano (UCR) de Ushuaia, Gustavo Melella (UCR) de Río Grande y Claudio Queno (PJ) de Tolhuin barajan la firma de un acuerdo que posibilite una salida política al conflicto, esa situación aún parece lejos de concretarse.

Sciurano notificó el fin de semana a los sindicatos municipales que si se produce el recorte de fondos peligran desde el pago del aguinaldo hasta la estabilidad de los trabajadores contratados, además de los pagos a la empresa Agrotécnica Fueguina encargada del manejo de la basura.

Como respuesta, los gremios cortaron hoy el tránsito en las principales calles céntricas de Ushuaia, a la vez que rodearon la casa de gobierno con camiones y máquinas viales. El servicio de recolección de residuos se encuentra interrumpido, al igual que el transporte de colectivos y la atención administrativa en la mayoría de las dependencias del municipio.