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Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y el agravamiento de la crisis en España, muchas familias se han visto incapaces de pagar las hipotecas que pactaron durante los años del boom y muchas de ellas han sido desahuciadas de sus casas. Ante esta problemática social, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) recogió 1.402.854 firmas, casi el triple de las necesarias en España para presentar una proposición de ley ciudadana.

"Si el Congreso no acepta debatir de esto tenemos un problema de democracia", denunció la vocera de la PAH, Ada Colau, antes de la petición de debate de la iniciativa, que hasta entonces contaba con el apoyo de todos los partidos excepto el Partido Popular (derecha). Sin embargo, el PP, que dispone de mayoría en el Congreso y gobierna desde finales de 2011, cambió su intención de voto a última hora.

"Queremos dar el reconocimiento político a una iniciativa social que ha inspirado esta acción del Gobierno", explicó el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso. “El PP va a hacer lo que no ha hecho ningún gobierno, situarse al lado de los ciudadanos”, expresó en el debate el diputado Teodoro Matos, y se dirigió a la vocera de la organización que presentó la iniciativa: “Señora Ada Colau, nosotros vamos con ustedes por el mismo camino”, expresó. A pesar del viraje en el partido de gobierno, los presentes en las tribunas del Parlamento respondieron con insultos y con el pedido de dimisión del gobierno, lo que llevó al desalojo de las gradas.

La PAH, que lleva cuatro años luchando contra los desahucios, pide el fin de estos desalojos, el establecimiento con carácter retroactivo de la dación en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias y la creación de un parque de alquiler social. "Las personas que padecen un proceso de ejecución hipotecaria no sólo pierden sus viviendas habituales sino que se quedan con buena parte de la deuda, con una condena de por vida que las excluye definitivamente de cualquier circuito financiero", indicaban en su iniciativa.

Esta mañana un matrimonio de jubilados de 69 y 68 años se suicidó en la isla de Mallorca tras recibir un aviso de desahucio, informó una portavoz de la Guardia Civil. Estas tragedias comenzaron a ser habituales en los últimos meses, lo que obligó a la aprobación por parte del Gobierno español de una moratoria de dos años en los desahucios que afectaban a las familias más vulnerables. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la ley de Rajoy es insuficiente e incluso puede agravar el problema, porque excluye a la mayoría de afectados y discrimina entre las víctimas de la crisis al establecer criterios para acceder a la moratoria cuando todas las personas amenazadas por el desahucio deben ser consideradas vulnerables.