Miércoles, 29 de mayo de 2013 | Hoy
20:11 › DENUNCIó UN "PLAN DE INFILTRACIóN TERRORISTA"
El fiscal de la causa AMIA emitió un dictamen en el que acusa a Irán de "infiltrar varios países de Sudamérica para cometer y patrocinar atentados terroristas en la región". Dijo que para eso se utilizaron organismos diplomáticos, asociaciones culturales, de beneficiencia y religiosas y afirmó que "Argentina fue infiltrada en 1983 por Mohsen Rabbani", el exagregado cultural iraní en Buenos Aires que tiene pedido de captura internacional por el ataque a la mutual judía en 1994.
"En el dictamen de 502 fojas acuso judicialmente a la República Islámica de Irán, con (el exagregado cultural iraní en Buenos Aires) Mohsen Rabbani a la cabeza, de infiltrar varios países de América latina para instalar estaciones de inteligencia, bases de espionaje destinadas a cometer, fomentar y patrocinar atentados terroristas tal como ocurrió en la sede de la AMIA", señaló Nisman en una rueda de prensa. Según la agencia de noticias alemana Dpa, el fiscal confirmó que enviará en las próximas horas exhortos a Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Trinidad y Tobago, Surinam y Guyana en los que señala que cuenta con "indicios de que dicha infiltración e instalación de estaciones de inteligencia se habría llevado a cabo en dichos países".
Nisman denunció que la estrategia está "en consonancia con los postulados iraníes de lo que ellos han rotulado la exportación de la revolución islámica". Según señaló, cuenta con pruebas de que "Argentina fue infiltrada en 1983 por Mohsen Rabbani con esa finalidad", mediante un "mismo patrón que también se repite, según fue acreditado con sentencias judiciales firmes emanadas de países europeos". Precisó que la infiltración regional se realizó en parte a través de la "utilización dual de organismos diplomáticos, asociaciones culturales, de beneficiencia y en algunos casos hasta religiosas iraníes".
"Se observa que la mecánica en la toma de decisión de atentados es absolutamente idéntica", afirmó el fiscal. Esto se comprobó, indicó, en la documentación secuestrada a Abdul Kadir, agente de inteligencia iraní de origen guyanés condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por el frustrado intento de voladura de los tanques de combustible del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en 2007. Según Nisman, Kadir, excongresista de Guyana y exalcalde de la ciudad de Linden, "era discípulo de Rabbani, quien manejó la infiltración iraní en Guyana" y fue "coordinador de esta penetración en Sudamérica".
El fiscal da "por probado el marco y el contexto en el que se llevó adelante el atentado contra la mutual judía, demostrando que no se trató de un hecho aislado sino que el ataque contra la AMIA resultó ser un engranaje, una parte de un entramado mucho mayor, dominado por una fuerte penetración iraní en la región". También acreditó que "el prófugo y máximo responsable de la conexión local, Samuel Salman El Reda, se valió de una falsa ciudadanía colombiana para arribar de manera más sencilla a la República Argentina varios años antes del atentado sin despertar sospechas y ocultando su pertenencia a la organización Hezbollah, que hoy lo cobija y le da protección en el Líbano".
Nisman requirió a Interpol que "extreme los recaudos tendientes a potenciar las medidas para lograr la detención de la totalidad de los acusados que se encuentran con pedido de captura internacional". "Conocemos las dificultades pero llevamos más de cinco años con circulares rojas y no se logró detener a nadie", lamentó.
Argentina e Irán firmaron el 27 de enero un memorando de entendimiento para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA, que fue ratificado en febrero por el Congreso argentino y la semana pasada por el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, según confirmó el encargado de negocios de Teherán en Buenos Aires, Alí Pakdaman, aunque la Cancillería argentina no recibió aún una comunicación al respecto. "No desconozco el contexto en que se da esto", señaló Nisman al ser consultado acerca del posible impacto que podría tener el nuevo dictamen. "Si hay pruebas, el contexto será político, pero yo soy fiscal y no puedo dejar de denunciar", subrayó.
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