Los jueces Gustavo González Ferrari, María Cristina Bértola e Inés Cantisani, encontraron culpable a Locles por deformar el proyectil que mató a Ferreyra durante una pericia ordenada para determinar si la bala calibre 38 había rebotado en el piso --como finalmente se probó-- o si había sido disparada en línea horizontal hacia el cuerpo del militante del PO.

La abogada Claudia Ferrero, del Partido Obrero, había solicitado la pena de tres años y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación por el delito de “destrucción de un medio destinado a ser utilizado como prueba en una causa judicial”. Por su parte, el abogado del CELS Federico Efrón, representante de la familia de Ferreyra, había reclamado tres años y tres meses de prisión y también la doble de inhabilitación.

En tanto, la fiscalía había pedido dos años de prisión en suspenso más ocho de inhabilitación para actuar como perito de parte en causas judiciales. En sus últimas palabras, Locles se declaró nuevamente inocente y había exigido la absolución.