A pesar de que los abogados de Berlusconi, Niccolo Ghedini y Roberto Borgogno, habían pedido al juez que se considerase la mínima pena de inhabilitación, un año, dado que el político no contaba con antecedentes penales, los jueces del Tribunal acogieron la petición de la fiscal, Laura Bertole, quien había solicitado la pena finalmente impuesta, que para ser aplicada se necesita la aprobación por parte del Parlamento ya que el exprimer ministro goza de inmunidad como senador.

El pasado 4 de octubre, la Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado italiano decidió, por mayoría, llevar la cuestión de la expulsión de Berlusconi al pleno de la Cámara alta, en fecha a determinar. Si el Parlamento aprueba la expulsión de Berlusconi, éste quedará inhabilitado por dos años para ejercer cualquier cargo público, y permanecerá bajo arresto domiciliario durante un año con la obligación de realizar trabajos sociales.