Según la acusación del fiscal Carlos Rivolo, la contratación de la UTE que integraban la consultora KPMG, el estudio Jaime Fernández Madero y la firma Copiga SA causó un perjuicio por unos 250 millones de dólares al Estado. La contratación se hizo para liquidación y certificación final de los contratos de obra pública que tenía la telefónica del Estado durante el proceso de liquidación a cargo de María Julia Alsogaray.

Junto con ella serán juzgados Gustavo Daneri, excoordinador general de ENTEL; Javier Fernández Madero; los responsables de KPMG Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickenhayn y Alberto Galli, de Copiga SA.

María Julia Alsogaray ya fue condenada por enriquecimiento ilícito y el año pasado recibió cuatro años de pena por "peculado y defraudación a la administración pública" en la contratación de pasantías para la Secretaria de Recursos Naturales de la Nación, que presidió en el menemismo.