La jueza sostuvo que el desalojo no podrá llevarse a cabo hasta tanto no exista un pronunciamiento de la Cámara en lo Penal y Contravencional, que la semana pasada suspendió una orden similar para la recuperación de los terrenos, ante un planteo de la Defensoría General porteña.

La jueza remarcó que la usurpación es un “delito” y ordenó que cuando se concrete el desalojo, estén presentes veedores de distintos sectores para controlar que se respeten las garantías básicas de los ocupantes.

La primera orden de desalojo del predio de Pola y Avenida Cruz, dictada por el juez Gabriel Vega, fue suspendida el viernes pasado tras dos horas de tensión por la presencia de la Policía Metropolitana y porque varios legisladores porteños llegaron al lugar para evitar que haya represión. Desde entonces, las familias han avanzado en la construcción de su precario techo en el lugar.

Tras la suspensión de ese desalojo, el lunes pasado unas veinte familias tomaron otro predio del barrio porteño de Villa Lugano, ubicado a unas 15 cuadras, aunque fueron sacados por la Policía Metropolitana a la fuerza. Los agentes dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra los vecinos que les arrojaron piedras. "Especialmente decidimos que no participaran los hombres, porque nuestra intención era dialogar con el fiscal. No fuimos a tomar ningún terreno, fuimos a reclamar las viviendas que nos habían prometido", explicó el lunes Nadia Pintos, que mostraba la marca en su cuerpo del impacto de una bala de goma.