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Los pedidos de juicio político fueron solicitados por la familia de Arruga, abogados de la APDH de La Matanza y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El primer pedido de jury recayó sobre la fiscal Roxana Castelli, en 2010, tras los primeros meses de investigación. Castelli había puesto en manos de la propia policía bonaerense sospechada las primeras medidas de prueba y mantuvo como hipótesis la relación de la familia del adolescente con la venta de drogas.

Luego de que la titular de la UFI 7 fuera apartada de la causa, la fiscal Celia Cejas y el juez de Garantías Gustavo Banco mantuvieron la causa como "averiguación de paradero" y las demoras en las medidas de pruebas fueron una denuncia recurrente de la familia, que sufría amenazas de la policía bonaerense. Finalmente, en enero de 2013, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consiguió que la causa pasara al fuero federal para investigar la "desaparición forzada".

Tras la unificación de los expedientes, el Jurado --presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, y acompañado por legisladores y conjueces-- deberán evaluar si hay elementos suficientes para continuar con la investigación de las irregularidades que se le imputan.

Arruga tenía 16 años cuando el 31 de enero de 2009 fue visto por última vez y su familia denunció su desaparición, la cual siempre vinculó al accionar de policías bonaerenses, ya que el adolescente había estado detenido en el destacamento de la localidad de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008, donde su hermana, Vanesa Orieta, escuchó que fue torturado porque se negaba a robar para la policía.

Aunque el 17 de octubre último se informó que el cuerpo de Luciano había sido encontrado como NN en el cementerio de la Chacarita, tras morir a causa de un accidente de tránsito, según los registros oficiales, la familia Arruga y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) insisten en investigar la vinculación policial, que hasta ese día era la línea de investigación más fuerte.