El murmullo constante que musicalizó en la sala Amia del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata las dos largas horas de espera por la sentencia, el viernes pasado, explotó en aplausos algunas pocas veces. Una de ellas fue cuando subió al estrado –que funcionó sobre el escenario de la otrora sala teatral– Verónica Bogliano. No era ésta su primera querella –cuenta con larga experiencia en expedientes judiciales que tienen como eje la violación a los derechos humanos cometidas en la última dictadura cívico-militar–, pero sí la más especial de todas: María Susana Leiva y Adrián Bogliano, su mamá y su papá, fueron torturados en La Cacha, el centro clandestino de detención núcleo del debate oral que llegaba a su fin. La Justicia que trajo el fallo, al que considera incompleto, fue esta vez, también, para ella. “Es una alegría haber tenido una condena después de 37 años de espera y 10 meses de audiencias. Pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir intentando encontrar lo que buscamos: justicia completa, condena para todos los responsables”, anticipó en diálogo con Página/12.

Pasaron algunos días y la euforia del momento en que las perpetuas se apilaron unas con otras hasta haber sumado 15 dejó paso al análisis, que en Bogliano y en sus compañeros de querella –Ramón Baibiene, Camilo Cagni e Inés Seoane, los dos primeros hijos de desaparecidos, como ella; la última, hermana– es crítico. “Es importante que después de tanto tiempo tengamos una sentencia y una condena efectiva a por lo menos 15 imputados que estuvieron siendo juzgados por lo que sucedió en La Cacha –los tres bonaerenses fueron sentenciados por casos ajenos al centro– y estamos contentos, pero obviamente no fue el resultado que estábamos buscando”, aclaró, en representación de sus colegas y compañeros. Además de representarse a sí mismos, la querella de Hijos La Plata, como se la suele llamar, también lo hace por Laura Bogliano y Leticia Baibiene, hermanas de Verónica y Ramón.

–¿Qué faltó en el fallo?

–Esperábamos una condena más acorde con los delitos que cometieron los imputados. Para nosotros, todos fueron responsables de los hechos ocurridos en La Cacha, cosa que quedó demostrada en el juicio. Por los horrores y el terror que se impartió dentro del centro clandestino, la forma de torturar y de eliminar a las personas que por allí pasaron, nos parece poco los 13 años dedicados a algunos de los imputados por considerarlos partícipes secundarios (NdR: los civiles del Destacamento de Inteligencia 101 Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande). Dos de ellos fueron reconocidos por más de un testimonio, a través de reconocimiento fotográfico. El otro fue reconocido por el sobrenombre que tenía: Toro. La figura del partícipe necesario no se entiende mucho. De alguna manera es encubrir lo que se dejó de lado cuando se anuló la ley de Obediencia Debida. Estas personas no tenían cargos jerárquicos, pero al considerarlos secundarios desvalorizan lo que significó su participación en La Cacha. ¿Qué tiene de secundario una persona que trabajó en el centro clandestino de detención, que torturó a las víctimas y que además era encargado de llevarlas a los autos donde sabían que iban a ser asesinados? Todos sabían el destino de las víctimas. Por 135 secuestros, darles 13 años deja mucho que desear. A un pibe que roba dos veces le dan 15 años de cárcel. No se entiende. Pero, además, consideramos que debieron haber sido condenados por el delito de desaparición forzada. Porque no fueron tormentos y privaciones los que cometieron estos responsables, sino desapariciones, y el significado de las figuras es muy diferente. En la desaparición el impacto no lo sufre solamente la víctima, sino también la familia, el dolor, el duelo eterno. Pero también para la sociedad: el terror, el silencio. El delito es continuado, sigue hasta hoy.

–Al igual que la mayoría de los pedidos de las otras querellas por la puesta en marcha de investigaciones judiciales por los delitos sexuales cometidos en La Cacha, la participación de la Armada en ese centro, el rol cumplido por el Registro Civil y la Morgue, el de ustedes respecto del diario El Día tampoco tuvo respuesta de parte del tribunal.

–Sólo respondieron uno (NdR: pidió extracciones para que se investigue la implicancia de un penitenciario de apellido Gordillo). Para el resto, anunció que hay disponibilidad para fotocopiar las partes necesarias para ampliar determinados temas, pero dejó en manos de las partes hacer las presentaciones. Siendo funcionarios públicos, corresponde que sean ellos los que hagan las denuncias. Las herramientas del Estado son fundamentales a la hora de avanzar en estos caminos porque es una manera de reconocer que estos hechos son encadenados, que no son aislados. Pedimos que se investigue al diario El Día por su presunta vinculación con el Destacamento 101 y el tribunal no respondió. Pediremos una aclaratoria, ya que deberían haber respondido. Y si no, haremos la denuncia. Esta línea de investigación sigue la intención de avanzar por la vía civil que tuvo el golpe de 1976, el apoyo que tuvo el terrorismo de Estado dentro de la sociedad, en su caso convalidando la dictadura a través de las notas que publicaba. Las editoriales de El Día apoyaban a los represores y muchas de sus notas reproducían los partes informativas que emitía el gobierno de facto. No se ha investigado nada de eso. Además, hacían desaparecer el movimiento que surgía entonces de Madres y Abuelas que buscaban a sus hijos y nietos, los silenciaban. Pero nuestro pedido de investigación no se basa sólo en esto: durante el juicio uno de los imputados dijo que desde el Destacamento les encargaban puntualmente tareas de información e inteligencia al diario El Día y a Radio Provincia. Es muy grave.

–Ustedes, además de abogados, son hijos de víctimas cuyos casos integraron el juicio. ¿La fuerza y la descarga tras la sentencia es extra?

–Es la primera vez que Hijos nos juntamos y presentamos una querella unificada. Fue fuerte estar ahí, fue difícil. Pero lo mejor de todo es que nos juntamos, que trabajamos juntos, pensamos una estrategia conjunta. Más allá de lo doloroso que puede llegar a ser, hoy, juntos, juzgamos a los genocidas que torturaron y secuestraron a nuestros padres y así seguiremos. Aún faltan los juicios por los homicidios, aún faltan las otras víctimas de La Cacha, aún faltan los civiles.

–¿Trabajan en la instrucción de lo que queda pendiente?

–Sí, porque en este juicio sólo se tuvo por probada la muerte de Laura Carlotto y de Olga Casado. Faltan juzgar a los mismos imputados por el resto de los homicidios. Porque hubo recuperación de muchos restos. Mi mamá no entró en este juicio. La Cámara consideró que no había indicios de que ella hubiera pasado por La Cacha. Yo sabía que a ella y a mi papá los secuestraron el mismo día y los mataron el mismo día y fueron enterrados como NN en el cementerio de La Plata el mismo día. Recuperé sus restos. Pero la Cámara consideró que había información sobre el paso de mi papá por el centro, pero no de mi mamá. Por suerte, un testigo en el juicio dijo haberla visto. Llama la atención que con tantas pruebas aún no la hayan incluido. Como el caso de mi mamá, también faltan juzgar los casos de víctimas que estuvieron en La Cacha en el ’78. Estaremos allí trabajando.