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"Dentro de las entidades allanadas están Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii, Caja de Valores y otras Cooperativas y entidades financieras", informó la AFIP en un comunicado.

La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de la AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos y mostraban inconsistencias fiscales, y los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del juez Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción.

"Estamos cumpliendo una orden judicial por una investigación de la AFIP que derivó en una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva por alrededor de 120 millones de pesos", señaló a la prensa el Subdirector Nacional de Grandes Contribuyentes de la AFIP, Fabián Di Risio. El funcionario encabezó el allanamiento que se llevó a cabo en la casa central del Banco Mariva, ubicada en la intersección de San Martín y Sarmiento, en pleno microcentro porteño. Simultáneamente se realizaron otros 70 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córddoba y Provincia de Buenos Aires.

"La maniobra denunciada por la AFIP consistía en inversiones a través de tìtulos públicos por parte de empresas que no pueden justificar los fondos ni tampoco los tienen", indicó Di Risio en declaraciones a la prensa. En tal sentido, añadió que se ha "relevado documentación que será reportada al juez interviniente para que avance con la investigación".

La denuncia de la AFIP se inició por "accciones de control y cruces de los sistemas, que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por 120 millones de pesos, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales", aclara el comunicado. Se detectaron, entre otras irregularidades, "acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes".

Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales.