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"Por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estoy viajando a Naciones Unidas mañana para reunirme con el presidente de la Asamblea General, representantes de la Unión Africana, de la CELAC y del G77+China, para ir discutiendo todos los elementos que se hablaron en el G-20 y seguir hablando el tema de la deuda en Naciones Unidas", dijo el canciller al finalizar la Cumbre celebrada en Brisbane.

Uno de los aspectos más relevantes para la Argentina fue la decisión del G-20 de introducir en el documento final el tema de los fondos buitre y la necesidad de encontrar mecanismos que hagan viable los procesos de reestructuración de deuda. En el punto 12 de la declaración final, el G-20 destacó los progresos realizados para lograr "procesos de reestructuración de deuda ordenados y previsibles", al tiempo que advirtió sobre los "desafíos que presenta la litigiosidad" llevada adelante por los fondos buitre.

En esta decisión del G-20 fue determinante la votación registrada en Naciones Unidas a favor de crear un convenio marco a nivel global para dar viabilidad a los procesos de reestructuración de deuda. El documento final del foro económico no cierra en el FMI la discusión del tema, como impulsaban inicialmente algunos países desarrollados, y encomienda a los "ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales" el análisis de la cuestión y las distintas propuestas que existen en torno al tema.

En lo que respecta a Naciones Unidas, a mediados de octubre pasado, el G77+China propuso la conformación de una comisión ad hoc abierta a todos los miembros del organismo multilateral para avanzar en la creación de un nuevo marco legal para la reestructuración de la deuda soberana. La propuesta efectuada por Bolivia como titular pro témpore del G77 recoge el mandato de la resolución 68/304 del 9 de septiembre último de la Asamblea General, donde 124 países aprobaron la necesidad de crear un nuevo marco legal en la materia.

Allí también se estipuló que las iniciativas al respecto debían presentarse para su discusión en el período de la Asamblea número 69 de la ONU que cierra en diciembre próximo, para su posterior tratamiento durante el primer semestre de 2015. El proyecto destaca que las discusiones están "abiertas a todos los Estados miembro", los 193 países de la ONU, más allá de que la votación en la que 124 lo hicieron a favor, unos 41 se abstuvieron y otros 11 lo hicieron en contra.