Según los argumentos presentados ante la Corte, Córdoba considera que "se violan en forma arbitraria e ilegal los preceptos constitucionales y que se la trata discriminatoriamente respecto de las otras provincias al obligarla a desistir de acciones judiciales contra el Estado Nacional".

Esa exigencia a la provincia mediterránea derivó en que Córdoba "no sólo no formó parte de la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) realizada al 31 de diciembre de 2013, sino que automáticamente se afectó la Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponde al pago de la deuda que mantiene con la Nación", sostiene el escrito.

De la sota pidió una "medida cautelar" que ordene la suspensión de las retenciones que se le vienen efectuando a Córdoba en materia de Coparticipación durante el lapso de un año, lo que llevaría el parate hasta la asunción del próximo gobierno.