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"Me parece un paso importantísimo que se haya reglamentado (la ley), aunque sea parcialmente, porque era algo que la sociedad civil pedía desde 2008", aseguró a Télam Noor Jiménez Abraham, miembro del equipo técnico de la Ratt de Argentina.

Jiménez Abraham explicó que la demanda tenía que ver, fundamentalmente, con la estipulación de los pasos a seguir una vez que las víctimas eran liberadas de la situación de explotación, porque "se hacía mucho para la ubicación y rescate, pero había un punto oscuro que era la asistencia posterior". "Si bien la ley se aplicaba y muchos jueces buscaban la forma de poner en práctica la asistencia posterior a las víctimas, también podían decir que no era su incumbencia: al estar reglamentado es más claro, más directo y más especificado", señaló en referencia a la norma aprobada en 2012 y reglamentada parcialmente ahora.

La activista destacó el hecho de que el decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial especifique qué organismos y de qué manera tomarán intervención para proveer a las víctimas alojamiento en un lugar digno, capacitación laboral, patrocinio jurídico, documentación necesaria para permanecer en el país o volver a su país de origen y el acompañamiento de personal especializado en trata desde el momento mismo en que fueron rescatadas. "Y también se hace mucho énfasis en el trabajo coordinado entre los distintos ministerios, y entre la Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo Jiménez Abraham, quien explicó que los artículos que quedaron sin reglamentar "tienen que ver con el modo de funcionamiento de determinados organismos que van a trabajar específicamente en el tema", como el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo Contra la Trata de Personas, los cuales "se van a reglamentar más adelante".

Por su parte, la presidenta de En Red Contra Violencias de Género, Abuso Sexual y Trata de Personas (En Red), Patricia Gordon, aseguró que la reglamentación parcial "era absolutamente necesaria para trabajar mejor", aunque observó el tiempo transcurrido desde 2012, cuando la ley de trata fue modificada tras haber sido absueltos los imputados del secuestro y desaparición de Marita Verón. "Con la ley reglamentada se le puede dar mayor protección a las víctimas y se reasegura el cumplimiento de sus derechos", aseguró.

Por otro lado, Gordon calificó como "importante" que se constituya el Consejo Federal y que "se le dé mayor poder de intervención a los distintos organismos que van a ser responsables de que se cumplan los derechos de las víctimas, como acceder a un circuito de trabajo o que tengan un alojamiento apropiado y contenedor para que estén seguras", dijo. La dirigente hizo votos, además, para que la ley "tenga injerencia positiva en el destino de las víctimas liberadas y permita un seguimiento que haga más efectivo el rescate". "Tenemos cifras importantes de rescate, pero lo que falla es el seguimiento y a veces las víctimas se pierden y vuelven al mismo circuito", advirtió.

La coordinadora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus víctimas, Cecilia Merchán, por su parte, emitió un comunicado para "reafirmar el camino que viene recorriendo el Estado Nacional en materia de persecución de este delito y asistencia a sus víctimas".