Miércoles, 28 de enero de 2015 | Hoy
14:58 › EN LAS SESIONES DEL 2 Y 3 DE FEBRERO
Familiares de los 43 desaparecidos en septiembre de 2014 rechazaron las conclusiones de la Fiscalía General sobre el asesinato e incineración de los cuerpos de los jóvenes, y anunciaron que presentarán una denuncia ante el Comité sobre Desaparición Forzada de Personas, de la ONU, porque "México tiene que responder" por "los derechos humanos que han sido conculcados".
El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, rechazó la "certeza legal" manifestada por el fiscal general mexicano, Jesús Murillo Karam, de que los 43 fueron asesinados por sicarios del narcotráfico, luego "privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden". El letrado cuestionó particularmente que esas conclusiones se hicieran antes de que llegaran los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para seguir este caso.
Rosales presentará una acusación formal contra el gobierno mexicano ante el comité de desaparición forzada de las Naciones Unidas, en el marco de sus sesiones del 2 y 3 de febrero. En tanto, el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, consideró que hay una "prisa política" por dar por concluidas las investigaciones, cuatro meses después de la desaparición de los jóvenes y de cara a las elecciones regionales y federales de mitad de mandato del 7 de junio.
"Vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias y no vamos a permitir que concluyan o que cierren las investigaciones. El gobierno nos ha pisoteado nuestra dignidad. Nos ha destrozado", dijo, a su vez, Epifanio Álvarez, uno de los padres.
De acuerdo con el abogado de las familias, no hay una "certeza científica todavía claramente" de que los estudiantes hayan sido asesinados en un basurero de Cocula, como afirma la fiscalía.
Las investigaciones presentan "inconsistencias", son incompletas y dependen "excesivamente" de las declaraciones de cuatro detenidos, agregó. Sin embargo, el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, dijo que después del análisis de evidencias testimoniales y científicas se puede afirmar "sin lugar a dudas" que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en Cocula, después de ser detenidos por policías municipales y entregados a un grupo criminal.
Rosales cuestionó que la fiscalía diga que acusará a los detenidos por homicidio cuando todavía no hay una evidencia científica de la muerte, ya que hasta ahora sólo los restos de uno de los estudiantes ha podido ser identificados con análisis de ADN.
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