Lunes, 23 de febrero de 2015 | Hoy
15:06 › JUDICIALES
La Cámara Federal de Casación Penal derogó la sentencia del TOF3, que había sobreseído a los imputados al considerar que la causa estaba prescripta, y ordenó al tribunal de origen "que celebre en forma urgente el debate oral y público" por el presunto pago de 120 millones en sobreprecios por parte del Estado Nacional en la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI con IBM Argentina en 1994. el pago de sobreprecios por parte del Estado Nacional por un total de 120 millones de pesos.
Los camaristas de la Sala IV Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos dejaron sin efecto los sobreseimientos y remitieron la causa "al tribunal de origen" encomendándole "que celebre en forma urgente el debate oral y público en las presentes actuaciones".
La medida alcanza a los imputados Daniel Hurrel, Gustavo Soriani, Félix de Barrio, Carlos Krieger, Juan Caros Cattaneo, Antonio Altieri, Carlos Juni, Silvina de la Rua, Liliana Almonsni de Semanes, Alberto Minazzoli y Francisco Figueira, quienes había sido eximidos de responsabilidad en la sentencia ahora derogada.
La resolución dictada por el máximo tribunal penal del país tuvo lugar con motivo de los recursos de casación interpuestos por la fiscal Gabriela Baigún, en representación del Ministerio Público Fiscal, y por la Oficina Anticorrupción en su carácter de parte querellante.
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