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En el juicio, que ya había sido pospuesto en varias ocasiones y se prevé que finalice el próximo 28 de agosto, serán juzgados sólo los campesinos, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de los 11 trabajadores, ocurrida en el mismo hecho.

La audiencia había comenzado en la jornada con los trámites de rigor pero sufrió una nueva postergación hasta mañana, ante la renuncia de doce de los acusados a la defensa de sus abogados particulares y la solicitud de que el defensor público Joaquín Díaz, quien ya defendía a Felipe Urbina, asuma la defensa de todos los imputados.

El juicio fue suspendido hasta que el Ministerio de la Defensa Pública decida si Díaz puede asumir el conjunto de la defensa o necesitará más abogados.

La Articulación por Curuguaty, un colectivo que reúne a varias organizaciones sociales, destacó que el proceso de investigación recibió varias denuncias de violaciones a las garantías procesales de la defensa, y convocó a expertos en derechos humanos, abogados y dirigentes campesinos e indígenas de la Argentina, Chile, Brasil y Colombia a supervisar el desarrollo del juicio. Los expertos asistirán en calidad de "observadores internacionales" para vigilar "el respeto a los derechos humanos y procesales del proceso judicial".

La Articulación señaló, entre otras irregularidades, la "persecución administrativa con carácter punitivo y coaccionante" de parte de la jueza de garantías Janine Ríos y del fiscal de la causa, Jalil Rachid, contra los abogados defensores.

La organización pidió además que el juicio sea anulado dado que "no hay prueba alguna que señale a ninguno de los acusados como autores de homicidio", y acusó a la fiscalía de "ocultar pruebas".

El 15 de junio de 2012, más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú, a desalojar a los 70 campesinos que ocupaban las tierras que reclamaban que fueran sometidas a reforma agraria, y durante el desalojo se produjo un tiroteo en él perdieron la vida once campesinos y seis policías.

El sangriento episodio propició una semana más tarde la destitución en un juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012). El suceso se produjo en los terrenos de Marina Cué, llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.

La empresa Campos Morombí, que dice ser la propietaria de las tierras, mantiene un litigio que dura ya una década para defender su supuesta titularidad, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.

La empresa pertenece a la familia del fallecido empresario Blas Riquelme, histórico directivo del Partido Colorado.