Tras ochos horas de lecturas de elevación a juicio ante el Tribunal Oral Federal 2, la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta la semana próxima, cuando se terminarán de leer las acusaciones de otras cuatro querellas.

Pasadas las 10.30, el debate quedó inaugurado con las lecturas de las síntesis de los requerimientos de elevación a juicio, que fueron expuestas por los fiscales Sabrina Namer y Roberto Salum, en representación de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la AMIA, que condujo Alberto Nisman hasta su muerte.

Los fiscales leyeron, en orden, las acusaciones contra los imputados, con distintos niveles de participación, por el pago ilegal de 400 mil dólares al acusado Carlos Telleldín para que declarara en sede judicial una versión falsa sobre lo ocurrido en julio de 1994 y por abandonar deliberadamente la investigación de la "pista siria", que involucraba a un ciudadano sirio-libanés miembro de la familia Kanoore Edul, cercano al expresidente.

Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, Salum señaló que el exjuez Galeano "se apartó" deliberadamente de la búsqueda de la verdad y que sus decisiones tuvieron además un sostén político, tras lo cual destacó el papel de cada uno de los 13 imputados en las maniobras de encubrimiento.

Pasadas las 12, la fiscalía comenzó con la lectura de lo referido al juicio oral por el abandono deliberado de la denominada pista Siria a partir de una orden presidencial transmitida a través del hermano fallecido del ex presidente, Munir Menem, y ejecutada desde el juzgado que conducía Galeano y por medio de los comisarios de la Policía Federal que intervinieron en la investigación.

La fiscalía destacó que la orden de no investigar a Jacinto Kanoore Edul fue dada por el expresidente Menem, luego de una reunión con el padre del imputado, y detalló cómo fueron malogrados los allanamientos, destruidas las pruebas y levantadas, en tiempo récord, las órdenes que habían sido libradas para que se intervinieran los teléfonos.

"Menem buscó alejar con su orden la investigación de su círculo íntimo, lo cual podría haber provocado un escándalo que ponía en riesgo la continuidad de su propio gobierno", resumió, horas más tarde, Rodrigo Borda, uno de los abogados de Memoria Activa, una de las agrupaciones que nuclea a familiares y amigos de las víctimas del atentado.

A la par de los representares de la UFI AMIA, en la sala de audiencias se sentaron los representantes de las tres querellas de las organizaciones de familiares y amigos de víctimas del atentado: el titular de la subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Luciano Hazan; y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien acompañó al veedor designado para el juicio por la CIDH, Pablo Vannuchi.

Del otro lado de la sala Auditorium, la misma en la cual entre 2001 y 2004 se juzgó a quienes fueron acusados por el atentando terrorista y luego absueltos, se sentaron en primera fila Galeano y los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Detrás quedaron el ex comisario de la Policía Federal Jorge Palacios junto a Beraja, quien desde la semana pasada es defendido por la abogada Valeria Corbacho, la misma que representó al expresidente Fernando de la Rúa en la causa por el pago de sobornos en el Senado. Corbacho también representa al espía Ciro James en la causa que investiga las escuchas ilegales en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el jefe comunal Mauricio Macri, está procesado.

Al fondo de la sala se ubicaron los restantes acusados: Carlos Telleldín, su ex pareja Ana Boragni -quien llegó tarde al debate-, el abogado Víctor Stinfale, los ex funcionarios de la SIDE Patricio Pfinnen y Juan Carlos Anchezar y el ex policía federal Carlos Castañeda.

A pesar de que el Tribunal Oral había desestimado las presentaciones de Menem para ausentarse al debate por motivos de salud, el ex presidente no asistió; Anzorreguy siguió el inicio del proceso oral por videoconferencia, desde el sanatorio Otamendi, donde está internado producto de una infección. Por último, el marino retirado Anchezar pidió abandonar la sala en la mitad de la audiencia por problemas de salud.

Entre los querellantes, que quedaron en el otro costado de la sala de audiencias, estuvo el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, en representación propia y de los demás efectivos que pasaron 8 años presos por el ataque hasta ser absueltos al término de un juicio oral en el 2004, y el abogado de la querella unificada de las instituciones AMIA y DAIA.